Tras la reciente anulación de dos candidaturas a las elecciones al Parlamento de Gasteiz por el Tribunal Supremo español, la jornada de ayer fue ilustrativa de la situación represiva en las tres administraciones que dividen Euskal Herria. A las 6.oo de la mañana fue detenido Pello Fagant en su domicilio de Bidart, posteriormente Jeanine Tapia y Mathieu Tuya, interrogados Maialen Zuhast y Jean-François Anpo, al parecer en relación con el caso de las «herriko tabernas». No se trataba de una operación aislada, toda vez que en los últimos meses han sido interrogadas alrededor de 80 personas por la misma causa. El lizartzarra Peio Olano fue juzgado en Madrid por presuntas amenazas a Regina Otaola, alcaldesa impuesta por el apartheid político, por lo que el fiscal solicitó para él seis años de cárcel con la afirmación de Otaola y la de cuatro ertzainas -que no vieron ni oyeron nada, excepto la amenaza- como única prueba. De salvajada califica Fermín Ijurko en la entrevista que hoy reproduce GARA la petición de 38 años de cárcel a su hijo Hodei por una supuesta acción de kale borroka. Los jóvenes que en rueda de prensa en Iruñea pretendían denunciar la situación crecientemente represiva en Nafarroa fueron intimidados por la Policía española, que prohibió la rueda de prensa. Un solo día, suficiente para valorar el nivel de libertad y seguridad jurídica de que goza este país.