La Fiscalía acusó ayer al Estado francés de haber «dejado hacer» en relación al «Angolagate», el escándalo de tráfico de armas hacia Angola en los 90 que está sentando en el banquillo desde octubre a 42 acusados, entre hombres de negocios y de la política, como el ex ministro Charles Pasqua y el hijo del ex presidente François Mitterrand.

«Las verdaderas razones de este `dejar hacer' deben buscarse en intereses económicos y estratégicos que aparecen entre líneas» en el suma- rio, aseguró el fiscal.

Denunció que mientras se produjo el tráfico de armas no hubo ninguna denuncia, ya que el Ministerio de Defensa no lo hizo hasta 2001, tras ser requerido por el juez de instrucción, pese a que prensa y servicios de información alertaron sobre este «tráfico ilícito».

Entre 1993 y 1998 se vendieron a Angola, en plena guerra civil, armas por valor de 800 millones de dólares.