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La Fiscalía pide la «cadena perpetua» para Piriz, acribillado a tiros en 1984

Juan Manuel Piriz, «Mungi», ha cumplido ya 25 años encarcelado. El 16 de febrero de 1984 se encontraba en un piso de Cruces, junto a Iñaki Ojeda -que falleció allí- e Imanol González, cuando los GEO les acribillaron a tiros. Ahora la Fiscalía quiere impedir su excarcelación.
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Portugalete acogió ayer un acto, en el que participaron cerca de doscientas personas, para reclamar la puesta en libertad del preso político vasco Juan Manuel Piriz, Mungi. En prisión desde hace 25 años -anteriormente, también estuvo encarcelado desde 1981 hasta julio de 1983-, tiene fijada la fecha de salida para el próximo 9 de marzo, pero la Fiscalía ha reclamado la aplicación de la denominada «doctrina Parot», lo que, de facto, supone aplicarle la cadena perpetua.

Según denunció el movimiento pro amnistía, la represión padecida por Mungi durante 27 años es un reflejo de las medidas excepcionales de «venganza» que sufren los presos políticos vascos, ya que considera que «son chantajeados por el Estado español en beneficio de sus intereses».

En el acto político desarrollado en la citada localidad vizcaina, también recordaron a Iñaki Ojeda, Txapel, acribillado a tiros en la operación policial en la que Juan Manuel Piriz fue detenido por segunda vez.

El 16 de febrero de 1984, los Grupos Especiales Operativos (GEO) de la Policía española asaltaron un piso de Cruces (Barakaldo) y acribillaron a tiros a tres jóvenes de Ezkerraldea a los que acusaron de formar parte de un comando de ETA.

Txapel, un estudiante de 20 años, resultó muerto, mientras que Mungi, que recibió quince disparos, e Imanol González quedaron gravemente heridos, por lo que permanecieron hospitalizados durante varios meses.

Los GEO dispararon contra los tres jóvenes cuando se encontraban dentro de una habitación. En el mismo domicilio y dentro de la operación policial fueron detenidos Josu Olabarria -fallecido en 1992 cuando manipulaba un artefacto explosivo- y Francisco Javier Rubio. Los dos tuvieron que ser ingresados en el hospital esa misma noche a consecuencia de las graves torturas sufridas durante su detención, como reflejaron tanto sus testimonios como los partes de los médicos que les atendieron.

Las familias de los jóvenes trataron de esclarecer lo ocurrido y recurrieron a los tribunales pero, a pesar de que consiguieron abrir un sumario y que varios GEO tuvieron que declarar, el caso fue cerrado quedando absueltos todos los policías.

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