Los tamiles de vaani, al igual que los palestinos de GAza, víctimas de una ofensiva militar sin cuartel
«La situación es muy similar a la de Gaza. Sri Lanka ataca deliberadamente a los civiles, sin permitir la presencia de medios y trabajadores humanitarios», denuncia a GARA Arjunan Ethirveerasingam, de la Organización Tamil para la Rehabilitación, la única que opera en Vanni, región bajo control del LTTE y fuertemente castigada por los bombardeos.
Ainara LERTXUNDI
Sivagowrimalar es mi nombre. Adampan Mannar es mi hogar, pero los bombardeos de la aviación cingalesa nos han obligado a huir de Adempan a Vanneri y de ahí a Konnavil. Ahora vivo en esta escuela, en Visumadhu. No podemos ir al baño, ni bañar a nuestros hijos, ni secar la ropa. Nos sentimos como perros callejeros, bombardeo tras bombardeo, las bombas y obuses cayendo a cada rato y destrozando el lugar donde estamos. Mis hijos y yo logramos escapar de las bombas infernales. Nos movemos de un sitio a otro, sin saber qué hacer. Está lloviendo y tampoco hay lonas para cobijarnos. Hoy siete familias han escapado de la muerte».
Testimonios como el de Sivagowrimalar están al orden día en Vanni, la zona bajo control de los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE) y fuertemente castigada por la ofensiva terrestre, aérea y naval del Gobierno de Sri Lanka. Nada más jurar su cargo en noviembre 2005, su presidente, Mahinda Rajapaksa, prometió mano dura y lo ha cumplido. Desde su perspectiva, la única solución al conflicto es que la isla siga siendo un único estado, ignorando por completo las reivindicaciones del pueblo tamil que pide independencia y respeto a sus derechos.
Mano dura de Rajapksa y monzones
A finales de 2008, Rajapaksa dio vía libre a sus soldados para atacar, supuestamente, al LTTE. Pero entre bombas y bombas, los más afectados han sido los civiles. Los datos hablan por sí mismos. Vanni, formada por los distritos de Puthkudiyiruppu, Viswamadu, Tharmapuram y Mullaitivu, tiene una población de entre 380.000 y 400.000 habitantes. De ellos, 362.000 son desplazados internos. Muchos han tenido que huir hasta en más de diez ocasiones.
En 2008, 352 civiles, la mayoría bebés, jóvenes, estudiantes y mujeres, fallecieron a causa de los ataques aéreos. En los dos últimos años, 2.632 personas han perdido la vida, más de 6.700 han resultado heridas y 6.000 han desaparecido o han sido ejecutadas extrajudicialmente en el norte y este de Sri Lanka, espacio que reclaman los tamiles.
En Vanni ya no quedan organismos internacionales de ayuda humanitaria. Ni siquiera las agencias de la ONU. En setiembre, Rajapaksa ordenó su inmediata salida. Sobre el terreno, sólo queda la Organización Tamil para la Rehabilitación (TRO, por sus siglas en inglés), fundada en 1985 para dar asistencia a los refugiados tamiles en el sur de India. Su labor y ámbito de actuación se han ido extendiendo en la misma medida que lo ha hecho el conflicto. Su oficina central está en Kilinochchi, en manos del Ejército cingalés. Sus llamamientos urgentes a la comunidad internacional han caído en saco roto.
Con echar un vistazo a los testimonios e informes recogidos en su página web, es suficiente para comprender las dimensiones de la tragedia humanitaria provocada no sólo por la guerra sino también por los desastres naturales. El tsunami de 2004 acabó con 30.000 personas y las cosechas. Entre el 24 y 27 de noviembre el año pasado, el ciclón Nisha ocasionó fuertes lluvias monzónicas e importantes inundaciones, que se repitieron a mediados de diciembre. El agua entró en todas las partes, también en las escuelas que los desplazados ocupaban temporalmente. Las clases tuvieron que ser suspendidas y los exámenes de graduación aplazados. Las carreteras tampoco se salvaron. Las lluvias, además, contaminaron el agua potable, dando paso a enfermedades como la diarrea y la disentería, y destruyeron o dañaron seriamente los servicios.
Antes de las inundaciones, señala el TRO, necesitaban 6.227 retretes para los desplazados por la guerra en Vanni, ahora piden con urgencia, al menos, 8.000. Pero, el Gobierno cingalés no autoriza el transporte de cemento y, ante la ausencia de sanitarios, la población tiene que hacer sus necesidades al aire libre, lo que supone un caldo de cultivo para el mosquito de la malaria. Desde el inicio del periodo monzónico, se han detectado 44 casos y un posible brote está al caer.
Pero los materiales de construcción no son lo único que falta. Tampoco hay antibióticos, antídotos para las mordeduras de las serpientes venenosas que proliferan en la zona -sólo en un mes, se contabilizaron 200 mordeduras- insulina para los diabéticos o medicinas infantiles. El aspecto sicológico no es menos importante. Para intentar paliar la ausencia de profesionales en la materia, el TRO ha instruido sicológicamente a los profesores de preescolar y primaria para ayudar a los menores traumatizados por los bombardeos y ataques terrestres.
Alrededor del 20% de los niños de Vanni padece malnutrición severa y el 40% carece de los mínimos nutrientes necesarios.
Los hospitales, un objetivo más
Los hospitales, según denuncia el TRO, han pasado a ser un objetivo más de la aviación cingalesa, que el 2 de febrero atacó los de Phuthukkudiyiruppu y Udaiyaarkaddu. En el primero, 40 personas fallecieron y parte del personal de la Cruz Roja Internacional resultó herido, lo que motivó su salida. Diseñado para 200 camas, en el momento del bombardeo había más de 600 pacientes y otras 300 personas entre familiares de los heridos refugiados a las puertas del centro que, de acuerdo al Comité Internacional de la Cruz Roja, en 48 horas fue atacado en tres ocasiones. Pese a ello, mantiene sus puertas abiertas. Los hospitales generales de los distritos de Kilinochchi y Mullaitivu han tenido que desplazar sus actividades a otros lugares en los que trabajan sin electricidad.
En pocas palabras, en Vanni quedan ocho médicos, 40 enfermeras y 300 camas para atender a unas 400.000 personas. «En los últimos 12 meses, el Gobierno no ha enviado la cuota de medicinas», subraya el TRO.
«Estamos ante otra Gaza»
«La falta de testigos internacionales agrava la situación, que realmente es muy dura. Estamos asistiendo a un genocidio porque el objetivo de Colombo es el pueblo tamil; está destruyendo su sistema educativo, su lengua... todo, en una palabra», denuncia Arjunan Ethirveerasingam, en declaraciones a GARA. Él es miembro del TRO. «Después de la salida en setiembre de la ONU y de los enviados internacionales, y de la Cruz Roja la pasada semana tras el ataque con bombas de racimo -tal y como hizo Israel en Líbano- al hospital, somos el único organismo en Vanni. En la medida que podemos, repartimos comida, medicinas, lonas para cobijarse y agua. Nuestra labor está limitada porque la falta de recursos humanos y materiales. El Gobierno ha impuesto un bloqueo económico y humanitario, por lo que no estamos autorizados a transportar nada desde fuera. Los materiales los debemos encontrar en el propio Vanni», explica.
«Sri Lanka acaba de ordenar la salida de todos los médicos del territorio controlado por el LTTE. Si se niegan, serán considerados `colaboradores' de la guerrilla», resalta.
Sobre la resolución al conflicto, Ethirveerasingam tiene claro que nunca vendrá por la vía militar porque «el conflicto es anterior a la lucha armada iniciada por los Tigres en 1983. Colombo dice lucha contra el LTTE, pero la guerra está matando a más civiles, por lo que, en realidad, es en contra del pueblo tamil. La mayoría de los tamiles, además, apoyan a la guerrilla».
Hace un par de semana, la diáspora tamil se movilizó en las principales capitales europeas para rechazar «este genocidio», que compararon con la reciente operación militar en Gaza. La plaza donde está la sede de la ONU en Ginebra acoge cada noche una concentración permanente. El jueves fue testigo de cómo un joven se quemó a lo bonzo.
«La situación es muy similar a la vivida en Gaza. Pero, en ese caso, la comunidad internacional pidió a Israel un alto el fuego y que permitiera el acceso de los medios y trabajadores humanitarios. Sri Lanka está atacando deliberadamente a civiles sin la presencia internacional y de medios».
Por ello, exige el fin inmediato de las hostilidades y el regreso de Unicef, el Comité Internacional de la Cruz Roja y demás organizaciones no gubernamentales.
La web Tamilnet ha denunciado esta semana la situación de los desplazados que huyendo de la zona de guerra han acabado en manos del Ejército cingalés. Éste ha habilitado centros de acogida temporales, en los que, según remarca Tamilnet, los desplazados «son tratados como prisioneros sin libertad de movimiento, ni siquiera dentro del propio recinto después de las 18.00».
28.000 civiles que desde diciembre han huido de la zona de combates están en campos controlados por el Ejército, que prohíbe todo tipo de contacto con el exterior. Hasta familiares y amigos tienen el acceso prohibido.
Gran parte de las escuelas de Vavuniyaa, como la que se observa en la foto, se han convertido en centros de internamiento.