Sólo seis de las al menos 24 personas (podrían ser 28) que viajaban en el cayuco que naufragó el domingo a escasos veinte metros de la costa de Lanzarote han logrado salvar la vida. En la frágil embarcación había 15 menores de entre 7 y 17 años, y solamente uno de ellos ha sobrevivido. Se trata de la mayor tragedia humana de estas características registrada en los diez últimos años en las aguas de Canarias, tanto por el número de fallecidos como por el impacto que supone la imagen de los niños y niñas tragados por el mar cuando tenían ante sus ojos el destino de su fatídico viaje.

Pero si resulta cruel constatar la dramática pérdida de vidas humanas, especialmente las de niños, aún más dramático es comprobar que los responsables políticos (en este caso los españoles), en cuyas manos está poner en vías de solución este problema y, a corto plazo, reducir su sangriento impacto, se limitan a echar la culpa a las mafias que trafican con vidas humanas, rehuyendo cualquier responsabilidad propia y, por tanto, evitando comprometerse de forma alguna para que hechos como éste no vuelvan a suceder. Al contrario, pasarán los funerales y regresarán con ánimos renovados a aplicar las políticas de represión de la inmigración, las que les exige el exclusivo club de Occidente y que gustosamente cumplen para hacer más altas e inalcanzables las fronteras entre Norte y Sur.