Denuncian el mutismo oficial ante la presión policial contra los azpeitiarras
En apenas mes y medio los vecinos y vecinas de Azpeitia han sufrido numerosos episodios represivos, y las calles y vías de esta localidad guipuzcoana han recibido la visita de ertzainas y guardias civiles «armados hasta los dientes». Ayer, el movimiento pro amnistía, junto a personas que han sufrido la presión policial, denunciaron que PNV, EA, Aralar, y el alcalde Julián Eizmendi, aún no han dicho nada.GARA |
Vecinos de Azpeitia que «han sufrido de cerca» la presión policial en las últimas semanas comparecieron ayer junto a representantes del movimiento pro amnistía para denunciar que, como sucede en Euskal Herria, también en esta localidad «la represión se ha convertido en el pan de cada día». Para explicar esta afirmación, dieron cuenta de un largo listado de actuaciones protagonizadas por diferentes cuerpos policiales -también por «desconocidos»- en las que azpeitiarras han sido directamente afectados.
En la rueda de prensa comparecieron, entre otros, Garikoitz Etxeberria, condenado y encarcelado por el «sumario Jarrai-Haika-Segi»; Jaione Unanue, imputada por ser representante legal del partido Askatasuna; José Luis Otamendi y Miren Odriozola, integrantes de las listas de D3M en Gipuzkoa; Iñaki Errazkin, ex alcalde, que ha sido objeto de escuchas policiales; Haizea Egiguren, vecina herida por la Ertzaintza tras el pleno en que desalojaron a la izquierda abertzale de la alcaldía; un jóvenes retenido, identificado e interrogado por la Guardia Civil; y Joxe Arruti, hermano del prisionero político Juan Carlos Arruti.
Acoso a los familiares
Precisamente, el acoso sufrido por los familiares de este preso, encarcelado en Puerto I, ocupa varios de los apartados del largo listado. Y es que, desde el 3 de enero hasta el 7 de febrero, el autobus con destino a la prisión andaluza ha sufrido tres controles de la Guardia Civil -en uno de ellos incluso utilizaron perros dentro del vehículo-, le han pinchado tres ruedas y le han arrojado pintura roja.
Los vecinos de Azpeitia denunciaron también la actuación de la Ertzaintza tras el pleno del 10 de enero, que causó cinco heridos; las escuchas policiales a Iñaki Errazkin, que constan en el auto con el que Baltasar Garzón encarceló a ocho militantes abertzales; la presencia de guardias civiles y de ertzainas «armados hasta los dientes» en el pueblo y en las cercanías en varias ocasiones, identificando y reteniendo a vecinos; el encausamiento de Unanue por formar parte de Askatasuna; la prohibición del ongietorri a Etxeberria y la negativa del alcalde a ceder ninguna infraestructura para celebrarlo; y la carga policial contra quienes protestaban por las obras del TAV ante Juan José Ibarretxe el 13 de febrero.
Desde el movimiento pro amnistía denunciaron la apuesta represiva del Gobierno del PSOE, «preparado para llevarla hasta las últimas consecuencias», pero también a quienes «diciendo defender todos los derechos, se quedan ciegos, mudos y sordos ante estas expresiones de violencia». A este respecto, censuraron que PNV, EA y Aralar aún no han dicho «ni media palabra sobre estas vulneraciones de derechos», y criticaron especialmente al primer edil, Julián Eizmendi, que como recordaron «accedió a la alcaldía como garante y defensor de todos los derechos». Por ello, le preguntaron «¿qué tiene que decir?» ante estos hechos, y denunciaron «la hipocresía» existente en torno a «la violencia».
Señalaron, asimismo, que «el conflicto no se solucionará con más represión» sino «con más diálogo y democracia».
La decisión del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco de prohibir el acto en recuerdo a Eugenio Gutiérrez Salazar, Tigre, muerto en atentado de los GAL en 1984, previsto para mañana a mediodía en Leioa, fue respondida ayer por el movimiento pro amnistía, que valoró que «con prohibiones como ésta quieren borrar los hechos más oscuros ocurridos en este pueblo». A su juicio, «pretenden borrar la memoria de la represión, a eso responde la prohibición de la convocatoria, y también la orden de cambiar los nombres de las calles y plazas dedicadas a los ciudadanos y ciudadanas vascas muertos por la represión».
En una nota de prensa, señala que «fue el Gobierno del PSOE, con la complicidad del PNV, el que creó e impulsó el GAL», para manifestar que 25 años después, es también un Ejecutivo gobernado por el PSOE «el que impide homenajear a los ciudadanos muertos por el GAL, con la complicidad del PNV».
«Es evidente que 25 años después, el Gobierno del PSOE sigue inmerso en una estrategia de guerra contra Euskal Herria -afirma a este respecto el comunicado-. Aunque los tiempos del GAL quedaron atrás, el Gobierno del PSOE sigue utilizando contra todo un sector de este pueblo la tortura, las ilegalizaciones, una cruel política penitenciaria, las detenciones masivas y una persecución total, con los mismos objetivos que perseguía el GAL».
Considera, asimismo, que «hacer memoria de la represión adquiere una importancia especial en la lucha contra esa misma represión» y, en ese sentido, hace un llamamiento a seguir luchando y a recordar a los fallecidos.
GARA
Como en Azpeitia, desde numerosas localidades han denunciado que en los últimos días la Ertzaintza está identificando a vecinos. Ayer a mediodía fueron identificados seis jóvenes en Amurrio.
