La deflación es la caída generalizada del nivel de precios de bienes y servicios que lleva la paralización económica, social y política. Es el movimiento contrario a la inflación. Esta situación económica en que los precios disminuyen es producida por una falta de demanda y es mucho más maligna y temida por los empresarios que la inflación. La deflación puede desencadenar un círculo vicioso: los comerciantes tienen que vender sus productos para cubrir al menos sus costes fijos (entendiendo que el precio ya no alcanza para pagar los costes variables), por lo que bajan los precios. Con precios bajando de forma generalizada, la demanda disminuye más, porque los consumidores entienden que no merece la pena comprar si mañana todo será todavía más barato. En la inflación, sin embargo, ocurre todo lo contrario, dado que los consumidores prefieren comprar antes los bienes de larga duración, para anticiparse a subidas de precios.

Dado este círculo vicioso, la deflación se convierte en causa y efecto de la falta de circulación del dinero en la economía, porque todos prefieren retenerlo. Al final, la economía se derrumba, dado que la industria no encuentra salida a sus productos y sólo consigue pérdidas. La inflación conlleva una cierta euforia social y política. La deflación por el contrario arrastra a la una paralización total de la vida ciudadana.

El desplome de los precios al 0.8% reaviva la entrada en la deflación. En el 2007 por el encarecimiento de las materias primas, las tasas de inflación se situaron en máximo histórico hasta llegar al 5,3%. Un año después, las materias primas especialmente el petróleo ha descendido a menos de la mitad. Este fuerte descenso de la tasa de inflación, de los precios de los productos y del euríbor puede desembocar en una caída generalizada de los precios lo que supondría la deflación. La deflación económica no está abocada necesariamente a la deflación social y política. Pero los palos de ciego de fuerzas políticas y judiciales están incrementando el desánimo y la paralización, que es compañera de la deflación.

La ley de partidos es legal, como legal era la ley franquista de responsabilidades políticas que condenaba a todos los que «contribuyeron a crear o agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España». Y en razón de aquella ley franquista «todos sufrirían la pérdida absoluta de sus derechos de toda clase y la pérdida de todos sus bienes». Igualmente por la ley de partidos un gran número de ciudadanos ha perdido todos sus derechos y algunos de estos ciudadanos, la libertad, por el hecho de verse contaminados -según la interpretación de los partidos mayoritarios y de los jueces- con el movimiento de ETA.

La legalidad se confundió en el franquismo y ahora en la democracia con la legitimidad. Hubo entonces, y hay ahora, cientos de miles de personas que aceptaron como legítimo aquel régimen forjado en un pacto de sangre y hay ahora muchos ciudadanos que aceptan sin mirar a otra parte y que adoran a un legislador y a unos jueces, porque les libran de los revolucionarios y les ofrecen paz y tranquilidad.

El Gobierno, los medios de comunicación y, sobre todo, los jueces están desdibujando a aquellos partidos que defienden ideas soberanistas y que no condenan, con las fórmulas impuestas desde arriba, una parte de la violencia existente en el País Vasco.

La situación está envenenada por una dilatada actuación de ETA que ha pasado de ser comprendida en el atentado a Carrero Blanco a no ser aceptada aunque ataque objetivos sensibles de la población vasca. Sin embargo, entre la simplona idea de que todo es ETA y la parálisis de la deflación social y política que están suscitando nuestros dirigentes, hay margen para tomar una postura racional y de legitimidad y actuar en consecuencia.

Porque si es verdad que los partidos ilegalizados tienen ciudadanos contaminados con las ideas independentistas de la izquierda abertzale, también es verdad que muchos partidos tienen miembros contaminados por no negar la violencia franquista, por lo que sus correspondientes partidos políticos debían ser ilegalizados.

¿Necesitan los fiscales, los jueces, los abogados del estado que les demos información de particulares devotos del franquismo y de asociaciones que no condenan la guerra civil española y que, sin embargo, están inscritos y contaminan las listas del PSE y del PP?.

La presencia o no de la izquierda abertzale degrada todo el debate democrático español ya que aproximadamente el 10% de la ciudadanía vasca se ve forzada a votar o no votar, según una socialmente rechazada ley de partidos. Hay una limitación de derechos que aleja a partes muy significativas de la ciudadanía a desinteresarse de la política y por lo tanto a hacer crecer la deflación social y política y reducirse a subsistir de puertas adentro de su casa.

¿Quiénes son los responsables de esta deflación? ¿Dónde queda el derecho de asociación del artículo 22 de la Constitución española? ¿Y el derecho a la libertad de expresión del artículo 10 y del derecho a la libertad de reunión y asociación del artículo 11 del Convenio europeo de Derechos Humanos?

Jean Paul Costa, presidente del Tribunal Europeo de derechos humanos demostró sentirse apesadumbrado por las presiones políticas españolas, principalmente por las alegaciones presentadas el 15 de julio de 2004 en la resolución del caso «Batasuna».

El descrédito de la justicia española, la manipulación gubernativa del Tribunal Supremo, la politización del Tribunal Constitucional y ahora la tardanza de los tribunales europeos, arrastran consigo el descrédito y el desinterés social de las instituciones españolas y de los medios de comunicación que dan como fruto una democracia española de tan baja calidad.

Nadie asume la responsabilidad pública ante los escándalos o la crisis. En la recesión de 1927 los responsables aparecieron y se purgaron. Ahora en cambio reclaman un aumento de sus primas o el blindaje de sus sueldos.

El 71% de la población española se declara alejada de la política y tres de cada cuatro personas tienen poca o ninguna confianza en los partidos políticos y en los medios de comunicación. La gente suspende a los políticos en valores como la honestidad, el servicio a la ciudadanía o la eficacia. Aproximadamente un 10% de la población vasca no tiene sitio en el País Vasco histórico, salvo si está dispuesta a vivir sin sus derechos ciudadanos, como seres de segunda clase, sin capacidades de elección democrática.

¿Cómo construir una Europa social ante la deflación de los salarios que ha sido aceptada por las elites políticas?

Los jueces, los partidos políticos y el Gobierno central han deshumanizado hasta tal punto a la izquierda vasca que encarcelarla se convierte en uno hecho natural.

Los partidos políticos y los medios de comunicación que no han reclamado las consecuencias de la antidemocrática ley de partidos son los que han puestos palos en la rueda para que llegue el parón de la deflación social y política.

Decía el guipuzcoano Ignacio de Loyola que en tiempo de desolación no se debe hacer mudanza, pero sí el replanteamiento de la reforma. El País Vasco está reaccionando a la crisis en el ámbito industrial pero ha entrado en una deflación social y política. Y el replanteamiento de la reforma debe ser multilateral. No sólo en economía. Planteamiento de la reforma es el potencial creado con infraestructuras a largo plazo como el Donostia International Physics Center o el Nanogune. La crisis nos ha enseñado que hay que renovar no sólo las estructuras del capitalismo, sino también las políticas, las judiciales y las intelectuales. Se debe asumir una conciencia de rechazo de los políticos y de los partidos políticos que se definen atacando a los demás. Igualmente ¿para que sirven unos sindicatos españoles que no han reaccionado ante la congelación salarial y ante el paro que ha llegado al 14% de la población?. Es otra de las instituciones que debe ser refundada desde su base. Y en estas circunstancias ¿para qué queremos participar en unas elecciones europeas cuando esta entidad melíflua que es Europa tiene un tribunal europeo de derechos humanos que tarda lustros en dar su veredicto sobre un tema de tanta actualidad como la ley española de partidos políticos?.

«Es triste que los poetas actuales se canten a sí mismos» dice Paco Ibáñez. Y continúa diciendo que «si te bajas del tren de la lucha social querrá decir que ya no tienes ilusión y que se te han apagado las luces interiores porque la palabra tuvo valor, lo tiene y lo tendrá».

Hay que llegar de nuevo a reaccionar hacia un liderazgo compartido fruto de la colaboración entre lo público y lo privado. Hay que volver al humanismo que sostiene que me hago más hombre haciendo hombres a los demás y que afirma que un pueblo se hace, haciendo pueblo a los demás.