Seguridad» ante la crisis, «avance», «cambio», «igualdad», «izquierda»... la campaña electoral ha venido acompañada de mensajes que quieren ser esperanzadores para la mayoría de la sociedad, es decir para la clase trabajadora.

Sin embargo, además de no crear ninguna esperanza ni ilusión, nos muestra el menosprecio de quienes mandan estos mensajes hacia la clase trabajadora. El menosprecio de quienes consideran poder decir una cosa y hacer la contraria, y volver a decir lo mismo. ¿Realmente pensarán que alguien puede creer sus mensajes? ¿O será que les da igual decir cosas que nadie puede creer? Es igual; en todo caso es un menosprecio.

La situación es muy grave: la destrucción de empleo en todos los niveles es mayor en el Estado español y también en Hego Euskal Herria que en el entorno europeo, a pesar de que la evolución del PIB es mejor. Una de las razones principales es el tipo de empleo que tenemos, con un 30% de personas asalariadas con contratos temporales, de las que las empresas se han desecho a las primeras de cambio. Los últimos datos dicen que suponen un 54% de la destrucción de empleo. El 43% llega a través del despido improcedente, y el restante 3% a través de los EREs.

¡Y todavía tenemos que oír a la patronal pidiendo el abaratamiento del despido para la creación de empleo, más ayudas a las empresas, más reducción de impuestos y la eliminación de la intervención pública para la aprobación de los EREs! ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde quieran ir los responsables políticos? Lo que ya sabemos es hasta dónde han ido antes de la crisis y, con las medidas ya tomadas, «contra» la crisis.

En política fiscal las diputaciones forales y el gobierno de Navarra son responsables de la orientación neoliberal de todas y cada una de las reformas llevadas a cabo. En el impuesto de sociedades, reducir el tipo nominal de las empresas aún más, reconociendo que el tipo real ya está en el 17%; eliminar el impuesto de patrimonio; y en el IRPF, reducir los impuestos de las rentas más altas y establecer diferencias entre los impuestos que pagan las rentas del trabajo y las del capital. Sí; en este país si ganas dinero trabajando te gravan más que si lo ganas en bolsa, con intereses de activos financieros o alquilando una lonja. Y lo más grave es que nuestro sistema fiscal prevé que no exista debate sobre esta cuestión tan central en el modelo social.

A esto hay que sumar el enorme fraude fiscal que no parece interpelar a las administraciones (¿por qué será?) para llegar a una pérdida de recursos a destinar a las políticas públicas. ¿Quiénes pierden con esto? Quienes más necesitan de un sistema público fuerte capaz de garantizar una sanidad, una educación, unos servicios sociales, el acceso a la vivienda... Los presupuestos presentados tanto por el gobierno de Navarra como por el de Gasteiz lo dejan claro: no hay cambio; el ámbito privado decae y el público presenta lo mismo que en épocas de bonanza.

Todo esto no es ajeno a la crisis en dos aspectos: en su generación, y en cómo y a quién afectan de forma más grave sus consecuencias. Más allá de lo que pasa en los mercados financieros internacionales, las políticas desarrolladas para beneficiar directamente al capital son respon- sables de la forma en que se ha acumulado el capital (beneficios incontrolados y a costa de empleo precario, especulación inmobiliaria, fraude fiscal...), y de la forma en que se está haciendo el ajuste ahora: destrucción de empleo para no tocar beneficios pasados y actuales (y de paso aumentar los futuros) .

No hay ningún mensaje o actuación de las administraciones públicas que nos lleve a pensar que se quiere abordar la situación. Al contrario, se están aprobando EREs en empresas que han generado miles de millones de beneficios e incluso en empresas con beneficios en la actualidad. También hay que citar la última medida del Gobierno vasco: ¡dinero a las empresas que presenten EREs de suspensión bajo el discurso de la importancia de la formación!

Desde ELA exigimos una intervención pública que tenga como prioridad la defensa del empleo; exigimos la marcha atrás de las reformas fiscales que sólo benefician a las rentas altas y al capital, y que reducen el gasto público destinado a necesidades básicas no cubiertas, que en esta coyuntura van a aflorar de forma mucho más traumática. ELA exige un cambio de las políticas públicas y por ello, para que haya un reparto justo de la riqueza, nos vamos a movilizar.