La cita electoral del domingo ha dejado algunas anécdotas más que significativas sobre la extensión social del apartheid político. Nunca como esta vez la exclusión de la izquierda abertzale había sido puesta en práctica en colegios electorales, en actos de recuento e incluso en los escrutinios provisionales (habrá que ver si en los definitivos se corrigen irregularidades como el cómputo de votos nulos como si fueran blancos).

Vayamos a varios ejemplos recogidos en un solo colegio electoral, el instalado en la escuela infantil Biteri del barrio de Gros, en Donostia. Allí, para empezar, dos personas fueron identificadas por llevar en la solapa unos pins con la inscripción «Ezker abertzalea», cuya única virtualidad era identificarles ante los ciudadanos que acudían a emitir su voto, por si necesitaran algún tipo de ayuda suya. «La Ertzaintza nos ha dicho que eso era hacer propaganda electoral -explicaba uno de ellos a GARA-. Les hemos respondido que cómo iba a ser propaganda si no hay ninguna lista que se denomine `Ezker abertzalea'. Y les hemos señalado además que los apoderados de otros partidos, como el PNV, sí que llevaban esa inscripción, pero al parecer en su caso no es propaganda. Al final, estaba claro que no sabían por qué nos identificaban, pero lo han hecho».

En el mismo colegio se produjo un incidente verbal entre estos simpatizantes de la izquierda abertzale y un apoderado de Ezker Batua, partido que en teoría rechaza la Ley de Partidos. Su representante en Biteri denunció ante los ertzainas presentes que los independentistas llevaban votos de D3M. Por la noche, tras su batacazo electoral, Javier Madrazo no dudaba en denunciar que el resultado estaba manipulado por la ilegalización.

Detalles como éstos se sucedieron durante toda la jornada, que fue resumida por los medios, desde las 10.00, con el calificativo de «normalidad». Pero más grave si cabe parece lo ocurrido en los recuentos, por la inseguridad añadida que supone un procedimiento electoral ya de por sí falseado. En lugares como Astrabudua y Gasteiz, por ejemplo, miembros del PNV forzaron a presidentes de mesa a impedir que miembros de la izquierda abertzale presenciaran el recuento de votos, que es un acto público. La Ertzaintza se encargó de evitar testigos incómodos. Luego se ha constatado el «cambiazo» de votos nulos por blancos, intencionado o no, en puntos como Dima.

¿Alguien duda de que los partidos, empezando por el PNV, habrían puesto el grito en el cielo si esto hubiera ocurrido, por ejemplo, en Venezuela? Iñaki Anasagasti, sin ir más lejos, alertaba hace semanas por la falta de transparencia que advirtió en el Consulado venezolano de Bilbo, al acudir a votar en el reciente referéndum sobre la reforma constitucional: «La opacidad llega a unos extremos que no existen en Venezuela ni en Euzkadi, ni en España, ni en ningún país democrático. Nada más hermoso que una votación y nada más penoso que impedir imágenes de la gente votando. ¿A qué tienen miedo? ¿Dónde está el peligro?», se preguntaba en su blog.

La proliferación de este tipo de episodios deja otra reflexión preocupante para la izquierda abertzale: el modo en que representantes de otros partidos han asimilado la ilegalización como algo no sólo real, sino también normal. «Deben creer que ya no es que no podamos votar, sino que no existimos», señalaba uno de los afectados.

¿Qué dice la Ley Electoral?

Todos estos episodios contravienen la legislación electoral, que establece el principio de que las jornadas electorales tengan la máxima publicidad y control ciudadano. Los recuentos, por ejemplo, deben ser públicos.

Si bien la legislación electoral fija como criterio la libre circulación de personas en los colegios electorales, hubo quienes, como en Intxaurrondo, tuvieron que depositar su voto custodiados por ertzainas. Éstos se habían encargado previamente de identificarlos, denunciarlos y expulsarlos de los colegios electorales, en los que permanecían en calidad de ciudadanos, aunque evidentemente eran también simpatizantes de la izquierda abertzale.

Quien, por ejemplo, no tuvo impedimento alguno para ejercer ese derecho fue el madrileño Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno español, que dedicó la mañana a recorrer colegios electorales de Donostia en una actitud que fue alabada como ejemplo por ciertos medios.

La Ertzaintza, «motu proprio»

La evolución de la jornada del domingo, por otra parte, confirmó los temores sobre el objetivo del impresionante dispositivo desplegado por la Policía autonómica que, como en el barrio de Altza, empleó incluso vehículos camuflados con distintivos de una empresa para poder después identificar a simpatizantes de la izquierda abertzale.

Según Interior de Lakua, fueron más de 5.000 los policías que intervinieron, es decir, la mayor parte del cuerpo (unos 7.500 agentes). Esto permitió que se dedicaran, por ejemplo, a arrancar carteles en la plaza de Kanpetzu a punta de navaja.

El principal motivo del despliegue quedó claro al mediodía, después de que la Junta Electoral emitiese un escrito por el que prohibía a miembros de la izquierda abertzale permanecer en las mesas como observadores, a pesar del visto bueno de presidentes e interventores. La Ertzaintza ejecutó el mandato de modo fulminante.

Interior aseguraba que la tarea de estos ertzainas estaría «a disposición de los Presidentes de Mesa en cuanto al mantenimiento del orden en la votación», pero los casos recogidos evidencian que muchas veces actuaron motu proprio. Se concretaba que «entre sus funciones figura la de impedir cualquier género de propaganda política en el recinto y en sus inmediaciones y controlar el acceso de personas. Asimismo los agentes tienen encomendada la misión de evitar que se ejerza cualquier tipo de coacción». La coacción real se produjo, como se ve, contra quienes defendían un voto nulo, que también es una opción legal en el Estado español. Al menos hasta ahora.