Decenas de madres y padres se manifestaron ayer por las calles de Bogotá para denunciar las ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas y los llamados «falsos positivos», es decir la muerte de personas dadas por desaparecidas o reclutadas con promesas de trabajo y que, posteriormente, fueron presentadas como guerri- lleros muertos en combate.

El tema tomó especial relevancia después de la desaparición en setiembre de 2008 de 19 jóvenes del municipio de Soacha, a las afueras de Bogotá. Sus cuerpos aparecieron enterrados en fosas comunes en el norte de Ocaña y Norte de Santander, a 800 kilómetros de distancia. En un principio, las Fuerzas Armadas dijeron que eran guerrilleros, pero esta versión se cayó por su propio peso.

Ante el escándalo que provocó el caso, el Gobierno se vio obligado a dar de baja a 27 oficiales y suboficiales del Ejército. Incluso, su máximo responsable, el comandante Mario Montoya, tuvo que presentar su renuncia. Montoya fue uno de los artífices la mediática y no menos polémica «Operación Jaque», en la que liberaron a Ingrid Betancourt.

Al presidente, Álvaro Uribe, no le quedó más remedio que reconocer que «integrantes de las Fuerzas Armadas podían estar» involucrados en estas muertes.

La plataforma de derechos humanos Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos ha denunciado más de 14.000 casos. La Fiscalía de Colombia, mientras, está investigando a 763 agentes de las Fuerzas Armadas por su participación en las ejecuciones extrajudiciales. Admite, la existencia de 1.171 víctimas mortales, de ellos 1.078 hombres, 93 mujeres y 50 menores de edad.

Sábanas blancas en el suelo

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Colombia también ha expresado su preocupación por el aumento de los «falsos positivos». En 2008, contabilizó 81 casos. «No son hechos aislados, sino una práctica muy extendida cometida por un importante número de unidades militares a lo largo del país», resalta en el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia.

Con el fin de concienciar a la sociedad y romper el silencio en torno a esta realidad, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) convocó esta jornada de movilización, que contó con el apoyo de varios organismos de derechos humanos latinoamericanos.

«Vamos a pedir la creación de un grupo especial de investigación sobre los `falsos positivos' y que se inicien indagaciones penales contra los oficiales implicados en el caso de los desaparecidos de Soacha», manifestó Iván Cepeda, de MOVICE.

Para finalizarla, estaba previsto que a las 19.00 hora local, un grupo madres de las víctimas realizaran un acto simbólico acostándose en el piso y cubriéndose con sábanas.

Por otra parte, el Gobierno anunció ayer la excarcelación de los guerrilleros de las FARC desmovilizados Elda Neyis Mosquera y Raúl Agudelo para ejerzan de «gestores de la paz».