Con la única excepción de UPN, que dijo que la estudiará, todos los grupos del Parlamento navarro criticaron ayer la propuesta del PSN para que el Gobierno recupere los derechos edificables en Gendulain.

Como se sabe, el Gobierno de UPN-CDN y un grupo de empresarios impulsaron en la anterior legislatura la construcción de una macrourbanización en Gendulain, que se convertiría en el segundo núcleo más poblado de Nafarroa.

El proyecto ha estado paralizado desde entonces, y el PSN ha propuesto ahora, según explicó ayer Samuel Caro en la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces, que el Gobierno «ayude a las empresas que mantienen detrás de sí a más de 25.000 puestos de trabajo en la construcción».

Caro justificó la propuesta del PSN argumentando que es necesario «recuperar los derechos edificables para intentar mantener esos 25.000 puestos de trabajo, para que esas empresas obtengan liquidez y puedan empezar a acometer las 8.000 viviendas de protección oficial que son necesarias en Pamplona y comarca y que pueden generar a su vez otros 20.000 empleos».

«Creyeron hacer negocio»

En nombre de NaBai, Maiorga Ramírez calificó de «absurda» la iniciativa del PSN. «No obedece en ningún caso a los intereses de la ciudadanía, de una política de vivienda acorde a los intereses ciudadanos, sino de unos promotores que creyeron hacer negocio y ahora requieren al Gobierno medidas para seguir obteniendo beneficios».

Juan Cruz Alli (CDN) acogió con «asombro» esta iniciativa y consideró «inconcebible» que surja del PSN, porque el Gobierno «no puede ni debe meterse a comprar un derecho que todavía no está concretado ni existe, porque es una mera expectativa».

«Hay mucho globo sonda para quedar bien con alguien, alguna empresa que no va bien o tiene demasiada deuda porque se metió en la operación Gendulain con créditos y anda un poco ahogada. Desahogar empresas -agregó Alli- no es misión ni del Gobierno ni del Parlamento».

Por su parte, Ion Erro (IUN) expuso que es «un escándalo que grupos de esta Cámara pretendan un beneficio económico para los promotores en detrimento de los fondos públicos para el conjunto de los ciudadanos».