Apartir del pensamiento de Tocqueville, se ha asumido de forma casi unánime que la democracia se inscribe en dos ejes fundamentales: la representatividad, principalmente a través de un sistema que permite la elección de quienes representan a la ciu- dadanía (eso que corresponde al denominado espacio político), y la participación desarrollada por las organizaciones que actúan en el espacio público.
Las elecciones del pasado 1 de marzo pasarán a la historia como las elecciones del apartheid político, dado que en una parte de Euskal Herria se ha instaurado un sistema de discriminación política legalizado. El gobierno que se conforme será un gobierno que otorgará legitimidad a la violencia legalizada del apartheid político. Ahora bien, ¿qué legitimidad tendrá un gobierno sustentado en la desigualdad estructural heredada de un sistema de discriminación política?

 

El apartheid político expresa sus necesidades institucionales no solo excluyendo a un sujeto político (la izquierda abertzale) del espacio político. La defensa-apología del «ataque legítimo» es una muestra de ello. Los atributos erigidos –en el sistema lenguaje-símbolo de ciertos periodistas– al ciudadano que la emprendió a mazazos contra un local abertzale, mediante calificativos como «héroe» o «justiciero», contribuyen a la glorificación del héroe y su hazaña. Las consideraciones ideológicas y morales que naturalizan y justifican esa violencia –usando expresiones como «violencia liberadora», «violencia creadora», «gran muestra de civilización»... revelan la banalidad y la hipocresía con que se aborda la cuestión de la(s) violencia(s) en nuestro país.