El TSJPV no ve delito en las actividades asesoras de Álvarez, Gálvez y Aranzabal
La actividad política y labor de asesoramiento al grupo parlamentario Ezker Abertzalea desarrollada por Joseba Álvarez, Peio Gálvez y Aitor Aranzabal no es considerada como delito por el TSJPV, que ayer suspendió por eso su toma de declaración en la causa contra EHAK.Manex ALTUNA |
Los mahaikides Joseba Álvarez y Aitor Aranzabal y el jefe de prensa del grupo parlamentario de Ezker Abertzalea, Peio Gálvez, comparecieron ayer ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), pero no llegaron a declarar al entender el juez instructor del caso que no existían pruebas ni indicios para considerar como delito las imputaciones por las que permanecen encarcelados desde hace más de un año.
Los tres militantes de la izquierda abertzale se encuentran encausados por su actividad política y labor de asesoramiento a EHAK dentro del sumario abierto en la Audiencia Nacional española tras la suspensión de actividades de esta formación.
Actividades parlamentarias
El juez Baltasar Garzón tuvo que inhibirse del caso y enviarlo al TSJPV, al imputar en ese sumario a las parlamentarias en la Cámara de Gasteiz Nekane Erauskin y Karmele Berasategi. También remitió la causa abierta contra el presidente del partido, Juan Carlos Ramos, y los tesoreros de la formación, Jesús Agirre y Sonia Jacinto.
Álvarez, Gálvez y Aranzabal debían declarar ayer como testigos, pero la defensa planteó que no podían estar imputados y ser testigos en la misma causa, a lo que el juez respondió suspendiendo las declaraciones al no ver ningún delito para ser considerados como imputados.
Por contra, la secretaria del grupo parlamentario, Mireia Unamuno, sí que fue interrogada por el juez sobre las actividades que desarrollaba Ezker Abertzalea en la Cámara de Gasteiz. La defensa denunció que la actuación judicial va en contra de la «inviolabilidad parlamentaria» y que trata de «criminalizar» las actividades políticas.
Una veintena de personas se concentraron frente al TSJPV en Bilbo para denunciar el estado de excepción y reclamar democracia para Euskal Herria.