El juez irlandés encargado del proceso de extradición de Iñaki de Juana Chaos al Estado español ha dictaminado que el delito de «enaltecimiento del terrorismo», que la Audiencia Nacional española le atribuye al ciudadano vasco, tiene un equivalente en la ley británica. Si no prosperan los recursos de la defensa de Iñaki de Juana, esta decisión podría abrir de par en par las puertas a la citada extradición. El juez concluye que las palabras que se le atribuyen al ex preso vasco, de haberse pronunciado en Gran Bretaña, hubieran dado lugar a un delito tipificado en la Ley Antiterrorista de 2006.

Los argumentos utilizados por el juez irlandés buscan conscientemente el amparo de la interpretación más restrictiva de la legalidad. La que emana directamente de las leyes antiterroristas que vieron la luz en el contexto de aquella cruzada contra el mal inventada por unos líderes políticos hoy afortunadamente amortizados, pero que han dejado tras de sí un angustioso legado de drástica reducción de derechos y libertades, tanto colectivos como individuales. Una legalidad que habilita desproporcionados mecanismos de control social enfocados a extinguir cualquier disidencia, que favorece los encarcelamientos arbitrarios y prolongados basados en simples indicios y que eleva a la categoría de delito lo que no es sino el irrenunciable derecho a manifestar cualquier opinión.

La Europa en que vivimos se reinvindica a sí misma como máxima potencia en la defensa y protección de los derechos humanos. Pasea por el mundo ese pretendido estatus garantista y se permite el lujo de, a la vez, dar lecciones y exigir avales a otros actores mundiales a quienes no duda en acusar de baja calidad democrática. Y sin embargo, puertas adentro estrecha al máximo los límites de derechos fundamentales como los de asilo y libre circulación de las personas, cada vez que asoman los intereses de estados como el español o el francés en su cruzada contra la disidencia política en general y contra el independentismo vasco en particular.