La Ertzaintza ha ordenado calificar como «terrorismo» los actos contra el TAV
Las acciones que tengan por objeto denunciar el Tren de Alta Velocidad van a ser calificadas por la Ertzaintza como «terrorismo», al margen del carácter y la entidad de esas acciones. Así se desprende de un documento interno fechado en agosto y publicado ayer por «Berria».
GARA |
La Ertzaintza ha ordenado que los actos contra el Tren de Alta Velocidad sean calificados como «terrorismo» y que las diligencias sean remitidas a la Audiencia Nacional. Según publico ayer «Berria», esta orden llegó en agosto de 2008 a los mandos policiales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, en un documento remitido por Gervasio Gabirondo Fernández, jefe del área de Seguridad Ciudadana. En ese documento, al que ha tenido acceso el citado diario, se establece un protocolo que deben seguir los ertzainas en este tipo de acciones. En este sentido, el texto no hace ninguna acotación, y ordena que todo acto que afecte a los intereses de empresas que trabajan en el TAV debe ser considerado «terrorismo».
En el documento, Gabirondo Fernández ordena que se responda si la acción investigada «afecta al TAV» y apostilla que, en caso de duda, habría que responder afirmativamente.
Artículos 571, 574 y 577
A continuación, se informa de que tras hacer las diligencias y abrir un atestado, se debe analizar la calificación legal de los hechos, pero se deja claro que «cómo mínimo» deberá aplicársele uno de los siguientes artículos del Código Penal: 571, 574 o 577. Todos ellos, correspondientes a los «delitos de terrorismo». Es decir, al margen de que a los autores se les pudiera imputar otros delitos, todos serán acusados de «terrorismo».
Este protocolo no ha sido aplicado sólo a atentados o sabotajes. A los ocho detenidos tras una marcha contra el TAV en Urbina, la Ertzaintza les aplicó la legislación antiterrorista y las diligencias fueron remitidas a Madrid, aunque el juez Santiago Pedraz no asumió el caso al no ver delito de «terrorismo».
A los ocho detenidos tras la marcha del 17 de enero en Urbina se les aplicó la legislación antiterrorista y las diligencias fueron llevadas a Madrid, pero el juez Santiago Pedraz no asumió el caso porque él no vio ningún delito de «terrorismo».