Inmediatamente después de que representantes del movimiento pro-amnistía, acompañados de familiares y amigos de los últimos detenidos por la Policía autonómica, exigieran de nuevo la dimisión del consejero de Interior de Lakua, Javier Balza, la portavoz del Ejecutivo en funciones de Juan José Ibarretxe, Miren Azkarate, afirmó ayer que la Ertzaintza ha aplicado el protocolo de Lakua y que el paso de Manex Castro por dependencias policiales está grabado en unos vídeos que la Audiencia Nacional tendría ya en su poder.

Las declaraciones de Azkarate llegan al día siguiente de hacerse público el testimonio del joven de Villabona, que dio cuenta del maltrato sufrido, y el mismo día en que Interior de Lakua acusara a los dos jóvenes de Hernani a los que intentó detener la semana pasada, Beñat Aginagalde e Ugaitz Errazkin, de ser quienes llevaron a cabo los atentados que se cobraron la vida del ex edil del PSE de Arrasate Isaías Carrasco y del empresario de Azpeitia Inazio Uria el año pasado. Por la tarde, el ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, compareció ante la prensa para ratificar las imputaciones de la consejería de Balza y sostener que Aginagalde es «el autor material» de las muertes de Carrasco y Uria.

En su testimonio, Manex Castro explicó que a consecuen- cia de las presiones y maltratos padecidos a manos de la Ertzaintza durante los cinco días de incomunicación firmó una declaración policial en la que «me hacían comer dos ekintzas», y ayer Interior de Lakua daba por esclarecidos la mayoría de las cometidas en Gipuzkoa desde el fin del alto el fuego de ETA, que atribuye a un mismo grupo, que estaría compuesto por el propio Castro, Aginagalde, Errazkin y otra persona.

Rubalcaba felicita a Javier Balza

A este respecto, apenas unas horas después de que el movimiento pro amnistía exigiera el cese de Balza por ser «el responsable político» de las torturas denunciadas por Castro, el ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, lo felicitaba por «la operación que ha permitido esclarecer la mayoría de los atentados de ETA no resueltos» tras suspender su alto el fuego en 2007.

Miren Azkarate, por su parte, restó importancia tanto a la denuncia de torturas de Castro como a las acusaciones del movimiento pro-amnistía, señalando que la Audiencia Nacional cuenta en su poder con los vídeos grabados durante la permanencia de Manex Castro en comisaría, y sosteniendo que se le aplicó el protocolo preventivo de malos tratos. «Ni la Ertzaintza ni el Departamento de Interior han puesto nunca ningún obstáculo para que se investigue lo que haya que investigar sobre denuncias de torturas o de malos tratos», apostilló la portavoz tras el Consejo de Gobierno.

Sin embargo, el movimiento pro-amnistía le conminó a que, «si no tienen nada que esconder», dé respuesta a las siguientes cuestiones: «Si las denuncias de tortura son falsas, le pedimos que haga públicos los vídeos hoy mismo. En lugar del juez, que todo el pueblo vea si las denuncias de tortura son verdaderas o no. Las declaraciones de Miren Azkarate no hacen más que alimentar la realidad de la tortura. Si en breve no aparecen esos vídeos que ella menciona, le solicitamos que tome el compromiso de presentar su dimisión». Desde el Ejecutivo nadie respondió a esta interpelación.

A este respecto, es destacable que a diferencia del protocolo que -a veces- aplica Baltasar Garzón, el del Gobierno de Lakua para los detenidos incomunicados no hace mención a grabaciones en vídeo.

«Decisión política del PNV»

Por la mañana, antes de este cruce de declaraciones, el movimiento pro-amnistía llevó a cabo una rueda de prensa junto a allegados de Manex Castro, Mikel Garmendia e Iraitz Santa Cruz, sus abogados y vecinos de Hernani y Villabona para denunciar los «días de persecución» que, recordaron, siguen padeciendo en estos pueblos.

Llamaron la atención, sobre todo, en el «hecho de que la Ertzaintza haya vuelto a incomunicar». Asimismo, recordaron la denuncia de Castro y valoraron que «los objetivos policiales de la Ertzaintza se enmarcan dentro de los objetivos del PNV», añadiendo a continuación que «volver a usar la incomunicación y la tortura ha sido una decisión política del PNV».