La patronal del Metal insiste en pedir menos impuestos y despidos baratos
La Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) reclamó ayer a las diferentes administraciones públicas la adopción de medidas urgentes ante el desplome de la demanda. Entre ellas, insistió en abaratar aún más el despido, aprobar de forma inmediata los EREs sin acuerdo sindical, reducir los impuestos de las empresas y apostar por la energía nuclear. La patronal aseguró que, si no se accede a estas peticiones, habrá numerosos cierres de empresas.
GARA |
Ignacio Sáenz de Gorbea, presidente de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) reclamó ayer «un gran pacto político» de ámbito estatal para hacer frente a la crisis. Los dirigentes de la patronal aseguraron que la actividad de las empresas del sector de Bizkaia ha caído en el primer mes del año un 29,3%.
«Estamos en un momento crítico y es necesario tomar medidas relevantes y con urgencia», subrayaron y agitaron el temor al cierre de empresas para insistir en su reclamación de una reforma laboral que flexibilice el mercado de trabajo y abarate el despido; acometer una reforma fiscal que contemple, entre otras, la rebaja del Impuesto de Sociedades; y una reforma energética para apostar por la energía nuclear.
Aprobar los EREs
Reclamaron también al Gobierno de Lakua que se garantice la aplicación inmediata de los EREs «cuando sea imprescindible para la supervivencia de la empresa y sin complementos». «Lo que estamos pidiendo -señalaron- es que, cuando un ERE llega sin acuerdo, la administración analice los datos y tome decisiones, no como hasta ahora que si no va con acuerdo previo, lo echan para atrás».
Propusieron también la suspensión del pago de las cuotas empresariales, e incluso la suspensión temporal del pago del IVA y del IRPF, con el objetivo de aportar liquidez a las empresas, para lo cual también se deberá «agilizar al máximo la devolución de impuestos».
A todo ello, la patronal del Metal sumó la suspensión del pago de las cuotas empresariales a la Seguridad Social durante periodos determinados e incluso en casos de expedientes de regulación de empleo. Además, insistió en que las medidas se apliquen de forma inmediata porque «necesitamos que en setiembre estén en marcha».
El vicepresidente del Ejecutivo de Nafarroa, Álvaro Miranda, y representantes de ocho entidades bancarias suscribieron ayer un acuerdo que permitirá la concesión de 909 millones de euros en créditos a empresas, autónomos y ciudadanos avalados por el Gobierno de UPN. Caja Navarra, Caja Rural, BBVA, Caja Laboral, Banco Santander, Banco Popular, Ibercaja y Banco Guipuzcoano ponen a disposición de las empresas 82,6 millones de euros para proyectos de inversión, otra cantidad igual para circulante de grandes empresas, 207,7 millones para circulante de pymes y micropymes, 50 para microcréditos de circulante y 303 para compra de vivienda de protección oficial y de precio tasado.
Esos créditos, sin embargo, no suelen llegar a sus destinatarios, tal y como han denunciado empresas y ciudadanía. El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, reconoció esa realidad, aunque lo atribuyó a falta de demanda. «Está claro que la banca no va a conceder créditos a quienes no los van a devolver, porque estaríamos hundiéndonos más en la crisis», dijo. Admitió que la banca tiene responsabilidad en el grado de endeudamiento existente.
Los ministros de Economía de la UE aprobaron ayer, tras varios años de debate, extender la aplicación del tipo reducido del IVA en los servicios prestados localmente y que requieren mucha mano de obra. Además, autorizaron al Estado francés a aplicar el IVA reducido a los restaurantes, una reivindicación que el Gobierno de París venía presentando desde 2002. El acuerdo fue posible tras vencer las reticencias de países como Alemania o Dinamarca, que se oponían a la medida por, entre otras razones, su impacto presupuestario. Las decisiones de política fiscal exigen unanimidad. La lista final de servicios a los que se podrá aplicar el IVA reducido incluye servicios de reparación de bicicletas, calzado y artículos de cuero, prendas de vestir y ropa blanca; limpieza de cristales y limpieza de viviendas particulares; servicios de asistencia a domicilio, peluquería, restauración y suministro, entre otros.
Un grupo de activistas de Greenpeace bloquearon las salidas del edificio donde se reunió el Ecofin para pedir fondos para combatir el cambio climático. «Si el planeta fuera un banco, lo salvarían», indicaron. A mediodía fueron desalojados y detenidos.
