El movimiento pro-amnistía publicó ayer un informe en el que ha recogido la actuación de la Ertzaintza en los últimos meses. En concreto, el documento ofrece los datos recabados desde el 16 de enero hasta el 10 de marzo, e incluyen desde las prohibiciones a actos en defensa de los derechos de los presos hasta las detenciones y cargas policiales practicadas durante el periodo electoral. Como dato novedoso se destaca algo que muchos ciudadanos y cidadanas vascas han comprobado en las últimas semanas, en las que la Policía autonómica ha colocado multitud de controles de carretera, armados, y muy parecidos a los habituales de la Guardia Civil o la Policía española. Según el recuento del movimiento pro-amnistía, sólo en estos tres meses se han contabilizado 950.

«Hoy se puede decir que las ilegalizaciones caracterizan la situación política de Euskal Herria. Una política del Gobierno español en el que la Ertzaintza ha tomado su lugar en esa estrategia que niega derechos civiles y políticos, la vulneración de los derechos democráticos más básicos, entre ellos, el del sufragio universal», asegura el movimiento pro-amnistía, sustentando con datos objetivos la denuncia política realizada.

Controles y recibimientos

Así, el documento titulado «Ertzaintza, errepresiorako polizia», sobre el que advierten que con toda seguridad no están recogidos todos los hechos ocurridos -por ejemplo, apuntan que la cifra de los controles de carretera será en realidad mayor-, arranca con el veto de Interior de Lakua a la protesta de la izquierda abertzale en Azpeitia el día de la moción de censura con la que PNV retornó a la alcaldía.

Al día siguiente, y a pesar de que se trataba de una nueva convocatoria, la Ertzaintza cargó en Azpeitia contra la protesta de la izquierda abertzale. Ese mismo día, unos pocos kilómetros al este, la Policía autonómica dió un salto cualitativo cuando cargó con suma dureza contra miles de personas que se manifestaban en Urbina en contra del TAV. Hubo cerca de cien heridos, ocho detenidos, a los que aplicaron la legislación antiterrorista y decenas de identificados. También el 17 de enero, la Ertzaintza detuvo a un joven en Hondarribia y a dos más en Lekeitio por colocar carteles.

A partir del 20 de enero se repiten, en cascada, las prohibiciones de Interior de Lakua a distintos actos de bienvenida a ex presos políticos vascos. Así, de forma consecutiva, Lakua vetó o intentó obstaculizar, en algunos casos con previos informes enviados a la Audiencia Nacional, los recibimientos de Olatz Karro, Ana Lopez, Garikoitz Etxeberria y Beñat Arrondo.

Especialmente llamativo resultó la obsesiva persecución que protagonizó la Policía autonómica desde el primer día de la campaña electoral hasta el mismo día de los comicios, el 1 de marzo, contra la izquierda abertzale de Sestao.

Sólo durante el primer día, la Ertzaintza hirió al menos a cinco personas e identificó a cerca de 25. Pero en los días siguientes, las detenciones se repitieron por hechos tan punibles como colocar un cartel o una jaima informativa. Incluso llegaron a irrumpir y registrar la herriko taberna del municipio vizcaino para apropiarse de carteles y propaganda de la candidatura electoral D3M.

Día contra la tortura

El 13 de febrero, cuando se repitió en Portugalete lo ocurrido en la herriko de Sestato, la Ertzaintza también retiró carteles y muñecos que simulaban ser torturados en Deustua, el día en el que se conmemoraba la muerte del zizurkildarra Joxe Arregi por torturas en manos de policías españoles.

5 detenidos, 135 identificados

Al día siguiente, la Ertzaintza cargó contra miles de personas en Bilbo en una manifestación nacional en denuncia de la política de ilegalizaciones contra las candidaturas abertzales.

Cada día se produjeron identificaciones a quienes colocaban carteles de D3M, participaban en actos electorales o portaban sus papeletas, y el 20 de febrero la Ertzaintza detuvo a dos personas en Durango por protestar ante un acto electoral del PP. En días posteriores las detenciones se repitieron durante toda la campaña electoral, especialmente en Bizkaia, pero también en Araba y en Gipuzkoa, hasta que el mismo día de elecciones, el 1 de marzo, la Ertzaintza se superó a sí misma al arrestar a cinco personas, identificar a 135 e impedir en varios puntos la presencia de los ciudadanos en el recuento de votos que, por ley, es público.

Ese mismo día, además, la Policía autonómica inició una operación que se ha saldado con tres encarcelados, uno de lo cuales denunció haber sido maltratado en comisaría. La Ertzaintza volvía así a aplicar la incomunicación a los detenidos.