Cuando accedió a la Presidencia del Estado fue recibido como bocanada de aire fresco. Tan hartos estábamos de Aznar que cualquier tiempo nuevo pudiera ser mejor. Llegó Zapatero, actuó y convenció. Su decisión de salir de Irak y su posterior compromiso de abrir un diálogo respetuoso con las nacionalidades parecía situarnos en una España nunca conocida. Pero el tiempo -inapelable tribunal que pone a cada cual en su sitio- difuminó las falsas expectativas.

Aquellas poses, en apariencia espontáneas, resultaron fingidas; su voz modulada vino a ser artificio; la supuesta audacia para abordar los problemas, espejismo. Zapatero ha demostrado que, si no consigue lo que pretende, la simulada serenidad se convierte en vértigo, la ecuanimidad en rabieta, el tono templado en grito histérico, el talante conciliador en crueldad sañuda. Saltó por los aires la falsa imagen del estadista y apareció el alumno caprichoso de las Discípulas de Jesús; o el mozuelo chulito del privado Colegio Leonés. Quien se resiste a sus requerimientos está condenado a soportar engaños o a sufrir mezquinas venganzas.

Ha sido, precisamente, este ruin proceder el que ha concedido a Zapatero una triste referencialidad internacional. O, para ser más precisos, coincidencia con otros dos personajes de parecido talante. Los tres en raya. Uno de ellos, Avigdor Lieberman; moldavo de origen, israelita de nacionalidad, sionista de convicción y ultraderechista por su adscripción política. Inspirador de la Ley de Lealtad como lo fue Zapatero de la Ley de Partidos. Aquel intenta recortar los derechos de los árabes y sacarlos ricamente del parlamento israelí. El de León ha conseguido, sin ningún problema y muchas complicidades, la proscripción de D3M y de Askatasuna. A Lieberman, la justicia israelí le frenó su furia marginadora. A Zapatero, la justicia española se la vistió de legalidad. Por eso, el contrariado Avigdor lamenta su desgracia y añora la suerte de su colega José Luís, al que ensalza como modelo a imitar.

El tercer conmilitón es Alvarito, presidente colombiano que no consigue acabar con la insurgencia y descarga su impotencia contra la población civil. El de Medellín no cita al de León, pero uno y otro repiten en sus respectivos países parecidas lindezas. Ambos criminalizan a quienes reclaman cauces para la negociación política. En el Estado español, la izquierda abertzale que pide diálogo, está ilegalizada «por su integración en ETA». En Colombia, el masivo movimiento de Colombianos por la Paz se gana parecidos epítetos: «Son muy hábiles -dice el mentado Alvarito- defienden a la guerrilla con el cuentico de la paz. No se dejen engañar por esos intelectuales (son de las FARC) que pasan la vida acusando al gobierno de paramilitar».

El discurso criminalizador y la política aislacionista los hermana a los tres. Pero los aleja de otras muchas voces, más equilibradas e integradoras. Mediadores internacionales piden que se ponga fin al aislamiento de Hamas; el Partido Comunista de Colombia reclama un diálogo abierto sin que nadie quede excluido. El relator de la ONU ha reprochado al Gobierno español la práctica de las ilegalizaciones sistemáticas.