El Tribunal Supremo español confirmó ayer la condena de 18 meses de prisión contra el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera por los pagos efectuados con dinero procedente de los fondos reservados a José Amedo y Michel Domínguez tras ser condenados éstos por su pertenencia a los GAL.

El que fuera número dos del Ministerio de Interior del Gobierno del PSOE ya fue condenado en 1998 a diez años de prisión por el secuestro de Segun- do Marey y a otros siete años en 2004 por malversación de caudales públicos -en el otro caso de los fondos reservados-. El Gobierno de José María Aznar le concedió un indulto parcial, rebajando la pena a tres años y cuatro meses, tras ser encarcelado en Guadalajera durante algunas semanas. Desde agosto del 2006 disfruta de régimen abierto en la prisión de Segovia, lo que implica que ni pisa la cárcel.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo hizo pública ayer la sentencia en la que desestima el recurso de Rafael Vera contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, en noviembre de 2007, y estima parcialmente la de su secretario, Juan de Justo, al que rebaja la pena a nueve meses de prisión.

El tribunal considera así probado que Vera ordenó, entre 1988 y 1994, el pago de más de 206 millones de las antiguas pesetas, procedentes de los fondos reservados del Ministerio de Interior, a las compañeras de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez para «compensar la disminución de ingresos» que sufrieron éstos tras ser condenados y encarcelados por su pertenencia a los GAL.

Evitar que le delatasen

El fallo entiende que el pago de estas cantidades tenía como fin garantizar el silencio de los dos ex policías y evitar que delatasen a otros implicados en la trama de los GAL, entre los que se encontraba el propio Vera.

Para ello, según la sentencia, Vera encomendó a De Justo que se encargase de hacer llegar los pagos mensuales a las dos mujeres, desde agosto de 1988 hasta enero de 1994 -año en el que Vera cesó en su cargo-, además de abonar los gastos de dos operaciones quirúrgicas y de ingresar en cuatro ocasiones en cuentas de un banco suizo en Gine- bra diferentes cantidades.

De igual modo, el Alto Tribunal ratifica que Vera y De Justo tendrán que indemnizar conjunta y solidariamente al Estado español con más de 350.000 euros por las cantidades mensuales entregadas a las esposas de los ex policías; y en la cuantía del alojamiento que disfrutaron en la localidad suiza de Ginebra, adonde se desplazaron para recibir varios cobros.

El Tribunal Supremo también obliga a devolver al erario público cerca de 750.000 euros y 100.00 dólares a los ex policías Domínguez y Amedo.

El tribunal español rechazó todos los argumentos expuestos por Vera, entre los que llegó a alegar que «actuó con error invencible, por falta de formación técnico-jurídica y de capacidad», lo que el tribunal tilda de «irreal» y apunta que le «cuesta tomar en serio una objeción de esta porte». La defensa de Vera también alegó que existía ausencia de pruebas para llevar a cabo el juicio; sin embargo, para el tribunal es de «abrumadora elocuencia» la prueba.

El tribunal sí admitió parcialmente el recurso de De Justo, al entender que no tenía «capacidades y niveles de decisión equivalentes» a los de Vera.