La lucha contra el fraude fiscal aparece actualmente en el centro de las intervenciones de los Estados Unidos, del G-20 y de la Unión Europea. El 2 de febrero, la Comisión ha presentado dos nuevas proposiciones de directivas que apuntan a mejorar la asistencia mutua entre las autoridades fiscales de los estados miembros. Si estos proyectos son aprobados, no podrán ya invocar el secreto bancario, con el fin de rechazar las peticiones de cooperación en materia fiscal. Estas reglas internas de la Unión Europea también le concernirían a Suiza.

El control de los mercados financieros también está en el orden del día del G-20 de los más importantes países, industrializados o emergentes, del próximo 2 de abril en Londres. El primer ministro británico, Gordon Brown, quien presidirá esta cumbre, ha llamado a «una acción mundial contra los paraísos fiscales». El hecho de que de 31 paraísos fiscales censados por la OCDE nueve sean territorios británicos y 14 ex colonias de la Corona pone de manifiesto que la lucha contra el fraude fiscal no puede ser el objetivo real de esta cumbre. Las cosas comienzan a perfilarse al saberse que Suiza, uno de las principales centros financieros mundiales, no está invitada a esta cumbre. De hecho, se trata de una tentativa de reorganización del sistema financiero internacional, en la que ese país arriesga pagar la factura. Las cosas aparecen ya claras a través del caso UBS. La actuación de la Administración estadounidense contra este banco helvético es la utilización de una operación contra la evasión fiscal de sus nacionales con el fin de modificar, en su beneficio, las reglas de funcionamiento del sistema bancario a nivel mundial.

El 18 de febrero, el banco suizo UBS aceptó primero, sin tener en cuenta el derecho helvético, entregar a la justicia americana el nombre de alrededor de 250 clientes a los que ayudó a escapar del fisco americano. También aceptó pagar 780 millones de dólares de multas. La Administración americana podría haber obtenido esta lista respetando el procedimiento suizo y el acuerdo firmado anteriormente entre Suiza y los USA.

Con el fin de ocultar este procedimiento, la Finma, autoridad suiza de vigilancia de los bancos, se valió de un artículo de ley previsto para situaciones en las que un banco está amenazado de quiebra. Se trataba de cortocircuitar la vía judicial normal y de entregar, sin demora, los nombres de los clientes. El problema era bien entregar los datos, bien arriesgar un denuncia penal del Departamento de Justicia americano teniendo en cuenta que en el pasado prácticamente ninguna empresa ha sobrevivido a una denuncia de ese Departamento de Justicia.

Sin embargo, a pesar de esta entrega, la justicia americana ha vuelto a la carga. Ahora exige que UBS entregue al fisco la identidad de unos 52.000 clientes americanos titulares de «cuentas secretas ilegales». Las cuentas incriminadas representarían un total de 14.800 millones de dólares. Estas exigencias se apoyan en una denuncia presentada por la Administración USA ante el Tribunal Civil de Miami.

El 20de febrero, el Tribunal administrativo federal de Suiza comunicó su decisión de impedir la transmisión de los datos bancarios de los clientes de UBS a las autoridades fiscales americanas. No obstante, los datos de 250 clientes de UBS para entonces habían sido transmitidos.

El abogado de negocios de Washington George Clarke piensa que «esta lista de clientes era ya conocida, sin duda, por el fisco americano». Se puede suponer que a los americanos les entregan una lista de nombres que ya poseen. El objetivo no es tanto la puesta en práctica de persecuciones fiscales cuanto obligar al banco UBS y a las autoridades de regulación suizas a violar su propia legalidad. De ese modo, se trata de un verdadero acto de soberanía internacional, en la medida en que la Administración americana tiene la capacidad de imponer una decisión que viola el marco legal en el que se inscribe.

La respuesta positiva de UBS, así como su legitimación por las autoridades de control helvéticas, colocan a la Administración americana en una posición que le permite formular nuevas exigencias, planteadas de nuevo fuera de toda legalidad. Así, la soberanía americana se define no solamente como capacidad de plantear la excepción, sino sobre todo de imponer un estado de excepción permanente.

Esta forma de proceder recuerda el modo en el que los Estados Unidos consiguieron de las autoridades europeas la transmisión de los datos PNR de los pasajeros aéreos, así como las informaciones financieras sobre los residentes de la Unión. En primer lugar supusieron un acto de fuerza pura de captura de informaciones personales, violando el derecho europeo. Esta actuación ha sido legitimada por acuerdos firmados con la Unión.

El hecho de que la Administración americana disponga, a través del servidor de la sociedad Swift, sito en suelo de los Estados Unidos (Ciudadanos europeos bajo soberanía estadounidense, GARA,7-7-200), del conjunto de las informaciones relativas a las transacciones financieras internacionales, permite suponer que ya, en gran parte, tienen los datos reclamados a UBS de los 52.000 defraudadores fiscales americanos. Recordemos igualmente que las autoridades estadounidenses disponen, gracias a Remotegate, de una entrada especial que les permite controlar las operaciones interbancarias internas de Suiza.

El sistema de encriptado utilizado por la banca no podría en adelante resistir las investigaciones de la NSA, la agencia de espionaje estadounidense especializada particularmente en esta materia. No hay ya lenguaje codificado usado por los gerentes de UBS, por ejemplo: «naranja» para euro, «verde» para dólar, «cisne» que significa un millón, que podría confundir durante mucho tiempo a un investigador.

Entre sus últimas exigencias, la esencial para las autoridades americanas es también que le entreguen las informaciones violando procedimientos jurídicos suizos. Se trata de hacer abandonar a este Estado sus prerrogativas con el fin de transferirlas a la Administración estadounidense. Por cierto, el Consejo Federal de Suiza reaccionó el 22 de febrero protestando en términos de soberanía contra las amenazas americanas de medidas unilaterales y anulando su participación en una audición en el Senado americano a propósito de cuestiones fiscales y del caso UBS.

Esta nueva soberanía americana se inscribe en una reorganización del sistema financiero internacional que, a través de la lucha contra el fraude fiscal, distingue los «paraísos fiscales», de los que Suiza formaría parte, de los centros «offshore» como, por ejemplo, las plazas financieras del Caribe. Totalmente controladas por las autoridades estadounidenses, estas últimas podrían conservar todas sus actividades en detrimento de sus competidores negativamente etiquetados.

Estados Unidos y su satélite del Caribe controlan un mercado del «dinero gris» casi igual al de Suiza, ya que ellos se encuentran en segunda posición, tras el centro bancario helvético, en materia de gestión de las «fortunas trasnsfronterizas». Tras la ofensiva estadounidense, Suiza, que aún detenta un tercio del mercado del ahorro mundial administrado fuera del país de residencia, podría ceder rápidamente el terreno a su principal competidor.