«Cada vez que exista una denuncia de tortura por medio, el juicio debería aparcarse hasta que se llegue al final». Esa es la opinión del Relator Especial de la ONU para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en la Lucha contra el Terrorismo, Martin Scheinin, quien en una entrevista concedida a ``Berria'' denunciaba ayer que son muy pocas las denuncias de tortura que se investigan y juzgan en el Estado español. En este sentido, Scheinin también se muestra contrario a que la denuncia de tortura y el delito se investiguen de manera paralela y en juzgados distintos.

Scheinin hizo público hace algunas semanas un informe en el que muestra su preocupación por la incomunicación, la extensiva extensión del concepto de «terrorismo» y la aplicación de la Ley de Partidos.

En la entrevista, el Relator de la ONU asegura que perseguir los mismos objetivos políticos que ETA «no debería de ser delito, ni justificación para ilegalizar una formación política». Apunta además que definir el «terrorismo» en base a criterios políticos «acarrearía que toda formación que trabaje en contra del Gobierno podría ser considerada terrorista».

A su juicio, ese concepto «está bien recogido en la legislación española, pero no así en la práctica». Opina que delitos que no tienen nada que ver con «terrorismo» son juzgados en base a esta legislación, y recuerda que así ocurre sistemáticamente las acusaciones de kale borroka. Scheinin apunta que esta práctica «sí es violencia, pero no terrorismo», y subraya que son «dos cosas bien diferentes».

El Relator de la ONU también alerta de la Ley de Partidos, la que, a su entender, «podría ser utilizada contra la libertad de expresión», e incide en su «falta de claridad». Apunta en este sentido, que «para su gusto», la norma impulsada por PSOE y PP «va excesivamente lejos».

La actitud que mantiene el Estado español en temas como la incomunicación es, en opinión de Scheinin, «mucho más peligrosa que la mayoría de los estados europeos». Y asegura que el Estado español tiene «demasiadas medidas delimitadoras e instituciones que no tienen cabida en democracia».

Durante la entrevista, el Relator también critica la función de la Audiencia Nacional española, la cual, a su juicio, cuenta con «demasiadas competencias y demasiado control».