Técnicamente, el dictamen para la creación de una Comisión de la Verdad presentado ayer en Bilbo por la plataforma Lau Haizetara Gogoan nace de una solicitud de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno de Lakua, realizada el pasado mes de diciembre. Sin embargo, su importancia va mucho más allá del encargo concreto. Por vez primera existe una iniciativa de calado que sienta las bases para proceder a la revisión del genocidio franquista, algo que sigue pendiente en Euskal Herria y en todo el Estado español 73 años después del golpe franquista.

La plataforma reúne a organizaciones como EAE-ANV, Ahaztuak, Geureak 1936, Izquierda Republicana, Asociación de Víctimas del 3 de Marzo y otras organizaciones locales dedicadas a la memoria histórica (trece colectivos en total). Su dictamen parte de la convicción de que en el Estado español no se produjo la denominada «justicia transicional», al contrario de lo que ha ocurrido en muchas partes del mundo en tres fases concretas: la primera, tras la Segunda Guerra Mundial (Alemania, Estados Unidos, Japón...); la segunda, en los años 80 (Grecia, Portugal); y la más actual, en los 90 (Sudáfrica, Argentina, Chile...). En todos estos casos hubo iniciativas para esclarecer los hechos y depurar las responsabilidades. Nada de eso ha ocurrido en el Estado español y, por ende, en Euskal Herria, donde se produjeron casi 6.000 víctimas mortales. «Es el único caso del mundo en que hubo una decisión deliberada de evitar la justicia transicional», apunta el dictamen.

«Carece de legitimidad»

El trabajo fija criterios, contenidos e incluso presupuesto para una Comisión de la Verdad de Euskal Herria, y que recoge las enseñanzas obtenidas en otras partes del mundo en cuanto a plazos de trabajo, periodos de vigencia, etcétera.

Pero más importante que el detalle concreto puede resultar la filosofía de fondo, que consiste en poner de relieve que la falta de depuración del genocidio franquista «ha condicionado, de manera absoluta, el desarrollo de los acontecimientos sociopolíticos posteriores a la muerte del dictador Francisco Franco, a través de la permanencia de las estructuras de poder (militar, policial, económico, político, social, judicial, religioso)».

«En la medida en que se ha dado una continuidad de las estructuras de poder franquistas, éstas han impedido desarrollar procesos de justicia transicional y, por lo tanto, la depuración de las responsabilidades» no sólo de los autores directos del genocidio, sino también «de sus beneficiarios». «En tal sentido, para las víctimas de la rebelión militar y el régimen franquista, la llamada transición política española carece de la necesaria legitimidad», concluye.

Entre los objetivos de esta Comisión figurarían, por tanto, algunos como éstos: «Romper y superar el muro de silencio y olvido erigido en torno a las víctimas, familiares y su entorno social inmediato, desvelando los crimenes de lesa humanidad cometidos con los ciudadanos vascos por el franquismo y sus aliados internacionales», «anular y superar el modelo de impunidad impuesto y que fue `aceptado' y `asimilado' por las direcciones de los partidos `opositores', «comunicar e informar a toda la comunidad nacional e internacional sobre la dimensión de los crimenes de lesa humanidad cometidos» y «establecer un nuevo hito en la superación de la actual situación de silencio y olvido de las víctimas, que vaya más allá de los actos formales y protocolarios de homenajes de recuerdo y profundice en las soluciones a los problemas actuales».

Lau Haizetara Gogoan remarca la insuficiencia de las iniciativas adoptadas en los últimos años, como los homenajes institucionales realizados en Euskal Herria con un enfoque centrado en «pasar página». Respecto a la Ley de Memoria Histórica impulsada por el Gobierno español, apuntan que «a pesar de reconocer y ampliar derechos y establecer ayudas a favor de las víctimas del franquismo, pone límites a los derechos de las víctimas y materializa disposiciones de `punto final'».

«Existen suficientes pruebas»

Así, constatan que «existen hay suficientes pruebas de violaciones numerosas y graves de los derechos humanos, cometidas por el régimen franquista», de modo que «asumir el pasado no puede limitarse únicamente a retirar los símbolos de la dictadura aún presentes en los lugares públicos».

La propuesta de la Comisión de la Verdad de Euskal Herria es muy exhaustiva. Entre otras cosas, se detalla cuáles son las acciones que se deben investigar, se plantea un organigrama de funcionamiento, se propone qué sectores deberían participar y cómo deberían ser designados, y se anticipa qué dotación económica precisarían.

Lau Haizetara Gogoan presentó ayer su propuesta en una comparecencia de prensa llevada a cabo en la principal sala de La Bolsa de Bilbo, donde participaron los representantes de los trece colectivos que se aglutinan en la citada plataforma.

Tal y como señalaron, a su entender, «es el momento de poner en marcha esta comisión por encima de cualquier circunstancia política coyuntural relacionada con la nueva conformación de gobierno», en referencia al Ejecutivo de Gasteiz.

El representante de la histórica formación abertzale EAE-ANV, Alberto Muñoz, que explicó la propuesta de la plataforma, insistió en que «la defensa de los derechos humanos, la verdad y la justicia deben de situarse por encima de intereses políticos partidistas, que son los que han provocado el olvido, el silencio y la impunidad». Una situación que, a su parecer, todavía perdura a fecha hoy. Es por eso que reclamó que «la superación de la actual situación de silencio y olvido» vaya «más allá» de los actos formales y homenajes de recuerdo.

Dos documentos esenciales

En este sentido, exigieron que se articulen «soluciones urgentes» a los problemas de las víctimas del franquismo y que se implementen «garantías de no repetición».

El dictamen se centra en los dos documentos consensuados que describieron como «imprescindibles» para abordar de una manera integral la recuperación de la memoria histórica. Por un lado, acordaron un «Decálogo de la Memoria», que recoge el ideario de los colectivos participantes, y una «Tabla de la Memoria», como guía de acción para grupos sociales e instituciones locales.