La comisión de Innovación y Promoción Económica de las Juntas Generales de Araba rechazó ayer la comparecencia del presidente de Cegasa, Juan Celaya, para que explique la situación de la empresa y las razones de la presentación de un expediente de regulación de empleo hasta fin de año para 203 trabajadores.

La propuesta, que fue presentada por el grupo juntero de la izquierda abertzale, recibió el voto contrario de PNV, PSE, PP, EA y Aralar, que no consideraron necesario escuchar las explicaciones del empresario, con el argumento de que no quieren personalizar el problema laboral.

El portavoz del grupo de la izquierda abertzale, Aitor Bezares, por el contrario, estimó necesario que las direcciones de las empresas den explicaciones ante la representación de la sociedad alavesa.

«Que nos explique»

La misma opinión tenía en el exterior de la Cámara foral la plantilla de Cegasa, que llevó a cabo una concentración mientras se desarrollaba la comisión.

Los trabajadores demandaron «que nos explique qué ocurre con el ERE de Cegasa» a la que acusaron de no estar siendo transparente con los trabajadores, quienes «tenemos muchas dudas sobre las afirmaciones que utilizan para haber llevado adelante este ERE». Recordaron que el comité ha solicitado información acerca de la rentabilidad de la empresa, pero la dirección «se ha cerrado en banda en una especie de mutismo y ocultismo que declara su fiel intención de abandonar la fabricación de pilas».

Asimismo, demanda información sobre la situación financiera y sobre la planta de China, a donde sospecha que quiere llevar la producción.

El expediente de suspensión fue aprobado por Lakua tras haber rechazado inicialmente uno de extinción de contratos planteado por Cegasa.

Por otro lado, la comisión de Juntas Generales también rechazó la propuesta de la izquierda abertzale para crear una ponencia que analice la situación económica de Araba y las consecuencias que está teniendo la crisis económica, como despidos, expedientes o modificaciones de las condiciones laborales.

En la misma proponía la participación de sindicatos y otros agentes sociales, la patronal, SEA y Caja Vital.