Comienza el cambio. Empieza una nueva etapa en el país vasco» cantaba, exultante y gozoso, «Periodista Digital». Casi se escuchan al leerlo los sones del Aleluya. El advenimiento de la Nueva Era viene dado por un hecho crucial: Patxi López retirará las ayudas concedidas por el Gobierno de Gasteiz a los familiares de las y los presos políticos. Un montante de alrededor de 60 euros anuales por familia. Claro que no lo dicen así, porque suena a chirigota; y a lo que tiene que sonar es a valor y determinación. A «cambio», ya saben. En cambio, valga la redundancia, hablar de 225.000 euros provoca el escándalo y el patatús en el buen ciudadano, que no suele ser dado a leer la letra pequeña -la grande tampoco-, y a sacar cuentas menos aún, sobre todo cuando no interesa. Ahora, y al grito de «¡ya era hora!», se relame ante el quebranto que cree provocar. Y López declama: «el dinero público no debe ir a manos de los que no condenan». Eso es. Una vez que condenen, se lo pueden embolsar mediante corruptelas en las cantidades que consideren necesarias para la buena marcha de su cuenta corriente. O esquilmarlo utilizando helicópteros de emergencia para sacarse una foto guay. O financiar los GAL. En condenando, sí. Pero si no, el dinero público es sagrado.

A los familiares de los prisioneros vascos las ayudas concedidas no les solucionaron nada y el hecho de retirarlas tampoco se lo va a dejar de solucionar. Seguirán enfrentándose a la mezquindad y al odio con aquello que nadie puede subvencionar: solidaridad y dignidad.

Y la buena ciudadanía, ya apaciguada, puede disfrutar las bondades y las excelencias, como dice el de la tele, de un Gobierno que anuncia banderas victoriosas al paso alegre de la paz. De aquella misma paz.