Cumplimos un nuevo aniversario de nuestro despido de la universidad. Sin asomo de duda, nos sentimos orgullosos de esta larga travesía que nos ha ofrecido experiencias intelectuales y vitales imborrables y también por los resultados. Hoy la UPV dispone de capacidad para contratar a profesores propios con relación laboral y equiparados a los funcionarios estatales. Aquello que en 1992 nos repetían que era imposible de conseguir se ha hecho realidad y deseamos que en un próximo futuro las nuevas figuras contractuales creadas se conviertan en la principal referencia para un profesorado comprometido con el proceso de transformación de la universidad y del propio país.

Recientemente una autoridad universitaria comentó a un miembro de nuestra comisión de apoyo, en un encuentro circunstancial, que lo que pretendíamos los despedidos era humillar a la UPV. Se refería a nuestra conocida reclamación de readmisión en esa institución de la que injustamente fuimos excluidos hace diecisiete años. Nos sorprendió el término utilizado puesto que nos consta que el dirigente universitario conoce perfectamente la historia de nuestra lucha y el comportamiento represivo ejercido por la UPV contra los miembros de la pancarta: despido, incumplimiento de acuerdos, sustitución por esquiroles, destierro, palizas, amenazas e insultos, detenciones, numerosos juicios, cárcel, multas, embargos, etcétera. Sin embargo, podemos decir con sinceridad que nunca nos hemos considerado humillados por la actitud de la universidad. Hemos sido siempre conscientes de que la opción represiva empleada trataba de impedir la expresión activa de nuestras reclamaciones ante la negativa del Estado y la Comunidad Autónoma a un cambio del marco legislativo universitario. Y en esa tarea hubo muchos esforzados. Unos por desacuerdo con el profesorado propio o con nuestro reingreso y otros por su sumisión a la ley o a los primeros.

Pero veamos ahora cuál es el contenido de la «humillación» que se nos imputa querer infligir a la UPV.

En primer lugar, pretendemos que se abra un proceso de diálogo y negociación con los despedidos con los requisitos que se exigen en estos casos: designación por mutuo acuerdo de un mediador, discusión sobre el procedimiento y sus condiciones, trazado de una «hoja de ruta», materialización por escrito de los acuerdos alcanzados, determinación de la instancia universitaria ratificadora, garantías y vigilancia de su cumplimiento etcétera.

En cuanto a los temas a tratar, cada parte expondrá aquellos que considere convenientes. Nosotros, entre otros, propondremos para discusión los siguientes:

- Readmisión en la universidad. Exigiremos que no haya exclusión ni marginación de ninguno de los despedidos. Ni tampoco discriminación ni censura por parte de los departamentos ni la facultad.

- Deudas pendientes. Discutiremos sobre el dinero adeudado por la universidad en los cursos 1992 y 1993 por las clases impartidas y reconocidas por la realización de exámenes y la firma autorizada de las actas y que no han sido abonadas por la universidad.

- Antigüedad. Pediremos el reconocimiento de este capítulo puesto que los años de antigüedad son imprescindibles para el abono de complementos y primas integrantes del salario así como para el cálculo de la pensión de jubilación. Siempre bajo el principio de igualdad de condiciones con el resto de profesores de la misma categoría laboral.

La universidad tiene dos opciones. Una, negociar con los despedidos para con su readmisión poner fin a un largo conflicto que ya no tiene sentido continuar dado que están superadas las causas que lo originaron. La otra, seguir manteniendo la situación de bloqueo actual. En este caso pensamos que el mayor perjudicado sería la UPV. Por nuestra parte, en este segundo supuesto, continuaremos con nuestra solicitud de negociación y acuerdo siempre que la salud nos respete. Y ello no por un empecinamiento especial, sino por las obligaciones autoimpuestas que nos exige la dimensión que ha alcanzado nuestro movimiento. Nos debemos a toda la gente que lo ha seguido y se ha identificado con nuestra lucha. Es un compromiso ético a favor de la dignidad y la justicia que a todos nos conciernen.