La construcción de tres nuevos hospitales -uno en Gasteiz, otro en Eibar y uno más en la Margen Derecha- y cambiar los mapas de EiTB son algunas de las pocas concreciones programáticas que pueden encontrarse en el pacto PSE-PP dado a conocer ayer. Por lo demás, casi todo son generalidades del tipo «utilizar todas las capacidades derivadas del Concierto Económico y los recursos disponibles para hacer frente a la crisis e impulsar el carácter emprendedor de la sociedad vasca».

En el pacto -llamado «Bases para el cambio democrático al servicio de la sociedad vasca»-, el PSE se compromete a que los puntos acordados « formen parte de las prioridades de su acción de Gobierno y a mantener una relación preferente a lo largo de la legislatura con el PP del País Vasco, sin excluir otras relaciones y otros posibles acuerdos con el resto de las fuerzas parlamentarias, siempre que los mismos no afecten los contenidos en las presentes bases o los alcanzados con el PP-PV».

Además, el Ejecutivo de Patxi López establecerá «un diálogo previo y una negociación» con el PP para garantizar la aprobación de los presupuestos.

Por su parte, el PP, además de apoyar la investidura de Patxi López, se compromete «a no apoyar ni presentar ninguna moción de censura, salvo incumplimiento del presente acuerdo, constatado en la comisión de seguimiento» que ambos partidos crearán al efecto.

La cuestión está en cómo se constata, por ejemplo, si el Gobierno del PSE está cumpliendo debidamente con la «aplicación de la legalidad y de todos los instrumentos del Estado de Derecho para combatir a ETA y, derrotando sus pretensiones en todos los ámbitos, en defensa de las libertades de todos», cuando en la pasada legislatura, durante el proceso negociador, pudo comprobarse la disparidad de criterios sobre la materia entre PSOE y PP.

Seis objetivos

El nuevo Gobierno -que según el pacto se acomoda a la necesidad de «dejar atrás las políticas de confrontación, de división y enfrentamiento, que tensionan a la sociedad, separan a las fuerzas políticas y generan inseguridad, inestabilidad e incertidumbre- se marca seis objetivos para trabajarlos «desde el primer día».

El primer objetivo es el relativo a la «política de defensa de las libertades y contra el terrorismo». En él se consagra «la libertad política de todos las ciudadanas y ciudadanos vascos, con independencia de cuál sea su lugar de nacimiento, lengua, sexo, religión o ideología».

En la materia de lucha contra ETA hay poco de novedoso salvo, quizá, la no inclusión de un rechazo expreso a la negociación con la organización armada, que tanto había reivindicado el PP. Se habla de que «la violencia terrorista no obtendrá nunca ventaja o rédito político alguno», de hacer desaparecer los espacios de impunidad, de la «máxima colaboración» de la Er- tzaintza con el resto de FSE... nada que no fuera ya previsible.

El pacto incluye la «eliminación de partidas presupuestarias relacionadas con la asociaciones de familiares de presos de ETA que no condenen la violencia terrorista».

«Medidas de choque»

En lo relativo a la «política para hacer frente a la crisis económica y crear empleo», el pacto recoge la «convocatoria urgente de los partidos con representación parlamentaria, organizaciones empresariales y sindicales, cajas de ahorro y cámaras de comercio para definir y poner en marcha las primeras medidas de choque del nuevo Gobierno en materia de empleo y de apoyo a familias, empresas y autónomos». Pero, salvo la mención de que se dotará de recursos públicos al citado plan, ni se esboza cuáles pueden ser sus principios rectores ni se concretan acciones a desarrollar.

Llama la atención que el PSE proponga una revisión de los presupuestos que su partido aprobó, para eliminar gastos superfluos. También se anuncia un adelgazamiento de la Administración autonómica y la negociación de la transferencia de medios para las políticas activas de empleo, algo que los gobiernos anteriores habían rechazado mientras no se transfirieran también la gestión de la Seguridad Social.

Completar el Estatuto

PSE y PP reconocen «en el marco de la Constitución» la «plena vigencia del Estatuto de Gernika». Hablan de un «acuerdo con el Gobierno de España para completar su desarrollo en las materias con medios pendientes de transferencia».

En el pacto, pese a lo filtrado en días precedentes, nada se dice de la reforma estatutaria, salvo la mención al «impulso y mejora de nuestro autogobierno al servicio de la ciudadanía». En ese camino, sólo se concreta el «desarrollo interno» a través de la Ley Municipal.

Educación, euskara y censura

En materia de educación, el Pacto PSE-PP se basa en la actual Ley de Escuela Pública Vasca y cualquier nueva regulación deberá basarse en sus principios de que los padres pueden elegir la lengua vehicular entre las dos oficiales, el aprendizaje obligatorio de la otra lengua y el aprendizaje generalizado del inglés. El Gobierno se compromete a la «derogación inmediata» de los artículos de los últimos decretos sobre currículos que no respeten la mencionada ley.

En materia lingüística, se recoge que no saber euskara no supondrá «perjuicio o marginación, ni limitación en el acceso al empleo o la función pública, salvo en los casos en que el perfil lingüístico se requiera por la función a desempeñar».

Además, el pacto recoge la «garantía del derecho a relacionarse con las administraciones públicas en cualquiera de las dos lenguas».

Como ya se había anunciado, se prevé «una reforma profunda de EiTB» y, en adelante, que «la línea editorial, así como las representaciones gráficas e infográficas en la programación, se inscribirán en la realidad política e institucional que representa la CAV».

Además, se impedirá «dar cobertura o facilitar espacios a los terroristas, a organizaciones ilegalizadas o quienes les representan, justifican o amparan sus acciones».