División en la UE por el papel del BCE en la nueva supervisión
Dos días después de que el G-20 acordara reforzar la regulación del sistema financiero, los ministros de Finanzas de los Veintisiete intentaron llevar a la práctica sus promesas, pero apenas lograron ponerse de acuerdo sobre la mejor manera de establecer una mayor vigilancia. Gran Bretaña, que no está integrada en la zona euro, lideró la oposición a dotar de mayores competencias el BCE. La City londinense es el mayor centro financiero europeo.
GARA |
Los ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales de la Unión Europea reunidos en Praga respaldaron una reforma de la supervisión financiera, pero no llegaron a conclusiones firmes y aún existen grandes diferencias entre los socios comunitarios. «Acordamos que tenemos que reforzar la estructura de supervisión europea, pero aún habrá una discusión muy exigente sobre el mo- delo final a adoptar», explicó el ministro checo de Finanzas, Miroslav Kalousek, cuyo país preside este semestre la UE.
La reunión se desarrolló sobre la base de las propuestas del grupo de expertos dirigidos por el ex director del FMI Jacques de Larosière. Plantea establecer un nuevo órgano para vigilar la estabilidad del sistema financiero -comité europeo del riesgo sistémico-, que informaría a las autoridades estatales ante un posibles riesgos para la estabilidad macroeconómica. Estaría dirigido por el presidente del BCE, que prestaría apoyo logístico, e incluiría a los gobernadores de los bancos centrales de toda la UE. Las recomendaciones que hiciera serían seguidas por los estados miembros.
Tal y como se esperaba, Gran Bretaña lideró la oposición a dotar al BCE de más competencias, por temor a que los poderes de supervisión europeos en manos del BCE pudieran golpear a la City londinense, el mayor centro financiero europeo y fuente importante de ingresos para la Hacienda británica.
«Necesitamos encontrar una solución común, porque no podemos dejar a Reino Unido fuera del sistema. Londres juega un papel demasiado importante en el escenario financiero como para ser dejada de lado», manifestó la ministra francesa de Finanzas, Christine Lagarde.
El otro punto que suscita diferencias son las competencias que tendrán las nuevas autoridades de supervisión bancaria, de seguros y bursátil.
Los expertos plantean que estas autoridades se encarguen de mediar en caso de desacuerdo entre los supervisores estatales y que sus decisiones sean vinculantes. Las mayores reservas procedieron también de Gran Bretaña. Polonia y Portugal señalaron que si la labor de estos órganos es así de decisiva, también habría que prever cómo se repartirán las cargas entre los países en caso de problemas en una entidad transfronteriza.
Los ministros decidieron encargar a los comités económico y financiero y de servicios financieros que continúen analizando la cuestión, en busca de un acuerdo para que los líderes de la UE su visto bueno a una posición común en el Consejo Europeo de junio, y la CE pueda presentar iniciativas legislativas concretas en otoño.
El nuevo órgano de vigilancia detectaría riesgos para la estabilidad macro económica y emitiría recomendaciones a seguir por los Estados de la UE. Gran Bretaña, que no pertenece a la zona euro y reúne el mayor centro financiero europeo en su City, se opone a que sea el BCE quien lo dirija.
El presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, que lideraría también el comité europeo del riesgo sistémico tal y como está recogido en el informe de los expertor, subrayó que el nuevo organismo de vigilancia de riesgos implicaría «a todos los bancos centrales, incluidos los que no son miembros de la zona euro», en un intento de acercar posturas con Gran Bretaña, estado que no comparte la moneda única y que se ha opuesto frontalmente.
Consideró «muy importante» que la nueva herramienta no sea algo banal, un organismo que «produzca un informe sin consecuencia de vez en cuando». Trichet expresó la disponibilidad del BCE a asumir nuevas responsabilidades.
El comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, subrayó que lo importante es que las alertas y las recomendaciones del Consejo Europeo de Riesgo Sistémico tengan algún tipo de carácter vinculante para los estados. «Estos sistemas de alerta deben ser creíbles y útiles. Si las alertas y las recomendaciones no tienen consecuencias, la credibilidad del instrumento disminuirá muy rápidamente», explicó Almunia.
