La izquierda abertzale aborda con otros agentes la corrupción en Nafarroa
La izquierda abertzale ha iniciado en Nafarroa una ronda de contactos con otros agentes políticos, sindicales y sociales para abordar en común los casos de malversación de fondos públicos que se están conociendo en las instituciones de este herrialde.
GARA |
Txelui Moreno y Fermin Irigarai, en nombre de la izquierda independentista de Nafarroa, anunciaron ayer en Iruñea el inicio de contactos con partidos políticos, sindicatos y agentes sociales para tratar de llegar a un diagnóstico común e iniciativas para hacer frente a los sucesivos casos de malversación de fondos públicos que se suceden en las instituciones navarras.
«Pese a la soberbia con que actúan UPN y PSN -dijeron-, existe capacidad de reacción» y, en su comparecencia ante los medios de comunicación, incidieron en que tienen intención de activarla por los medios que tienen a su alcance.
Los datos que comienzan a conocerse acerca del «caso Cintruénigo», subrayaron, al igual que en otros, demuestran las características de un modelo de gestión pública recurrente, como las denuncias de malversación que se repiten desde la época de «Urralburu, Otano, Aragón y otros similares».
«Lejos de tratarse de un hecho puntual, nos encontramos frente a una trama bien establecida, ligada completamente a una institución, en este caso municipal», aseveraron. Como culpables señalaron al tándem UPN-PSN, de quienes dijeron que tienen la consideración de que «lo público es una fuente de enriquecimiento privado».
La segunda apreciación, apuntaron, es que ambas fuerzas políticas impiden la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Iruñea. Por ello, al contemplar «con creciente preocupación tanto la malversación de lo público, que está en la base de estos comportamientos, como la impunidad con que se producen», recordaron su intención de presentarse como acción popular en los juzgados en el «caso Cintruénigo».
NaBai registró ayer una moción en la Cámara de Iruñea que insta al Ejecutivo a crear y convocar una comisión interinstitucional que establezca un código ético de actuación política frente a la corrupción.