Deberían difundirse en toda la región las consideraciones del tribunal que condenó al ex presidente Alberto Fujimori a 25 años de prisión por el asesinato de veinticinco ciudadanos durante los años de la «guerra antisubversiva» en Perú. El fallo es ejemplar en varios sentidos y, por eso, vale la pena volver a él cada vez que se pueda, para no dejarlo en el estante de las noticias pasajeras que llegan y se van. Allí está también la huella de los esfuerzos argentinos y de otros para que la impunidad retroceda.

A Fujimori lo condenaron por su responsabilidad política más que operativa, pero no quedaron dudas ante la evidencia de que los muertos eran la trágica consecuencia de «órdenes superiores». El dato no es menor, si se lo compara con la decisión del tribunal argentino que eximió a Fernando de la Rúa de culpa y cargo por las víctimas de diciembre de 2001 en Buenos Aires.

No fue el único rasgo dictatorial de Fujimori: también la corrupción, como en el tango, «se lo comió de atrás hasta el riñón». Es el mejor ejemplo de que los debutantes en política no están a salvo de los vicios de los veteranos. El ingeniero japonés llegó a la presidencia del Perú desde la base social (fue un ejemplo circunstancial por su origen) con los pocos antecedentes de sus tareas profesionales y sociales en los movimientos populares que encabezaban las iglesias evangélicas, de influencia competitiva con la católica.

El voto religioso fue decisivo en su ascenso al poder, lo cual demuestra que no siempre la opinión de los hombres de fe es la más acertada en política.

Un civil va preso por los crímenes de sus subordinados en armas. Hasta ahora, Fujimori estaba en «probation», pagando sus culpas con tareas de jardinería y clases de música. (...)