El vigésimo aniversario de la dispersión de presas y presos políticos vascos no es precisamente motivo de celebración, ni para presas y presos, ni para sus familiares y allegados ni para la gran mayoría de ciudadanos de este país. Teniendo en cuenta el objetivo que perseguía hace 20 años, tampoco debería ser algo a celebrar por sus impulsores y quienes actualmente la mantienen o apuestan por ella, dada la cohesión que durante todos esos años ha demostrado sobradamente el colectivo de presos y presas. La enorme presión que el paso del tiempo junto a unas duras -en ocasiones extremas- condiciones de vida en prisión no ha resquebrajado una unidad que ha superado la separación y el alejamiento físicos, si bien las consecuencias se pueden resumir en los nada menos que 21 presas y presos muertos. Ese castigo, sin embargo, no afectó sólo a presos y presas, sino también a sus familias y su entorno afectivo, con un coste económico desorbitado. Y con un coste humano aún mayor: 16 vidas y numerosos heridos. Dura condena por el hecho de ser familiares de presas y presos políticos vascos. Ayer comenzó la campaña de Etxerat contra la dispersión, que a lo largo de la semana recorrerá Euskal Herria y culminará el domingo en Durango para recabar solidaridad y recordar que sólo exigen que se respeten sus derechos y los de sus familiares. ¿Es mucho acaso?