El joven algortarra Zigor Goikoetxea se enfrenta a una pena de seis años de prisión tras ser juzgado por la denuncia interpuesta contra él por la portavoz del PP en Getxo, Marisa Arrúe, que le acusa de insultarla. Pese a que esta versión es la única prueba contra Goikoetxea, que se encuentra preso ya desde el pasado agosto por este motivo, el joven se sentó ayer ante un tribu- nal de la Audiencia Nacional española, donde negó las imputaciones y aseguró que ese día ni siquiera vio a Arrúe.

Dos policías españoles, dos policías municipales de Getxo, y un quinto ciudadano aseguraron ayer ante el magistrado del tribunal especial no haber escuchado la amenaza que se imputa a Goikoetxea.

Marisa Arrúe, mientras tanto, volvió a señalar al joven algortarra, «sin ninguna duda», para asegurar que se dirigió a ella «en tono amenazante» y que le espetó en dos ocasiones la frase: «En menos de cinco años te vamos a matar». En su alocución, la edil argumentó que «este personaje yo no sé si la ha tomado conmigo, pero me ha amenazado varias veces y cada vez que le veo paso miedo».

No es la primera vez que Arrúe se refiere de este modo a Goikoetxea, ya que el día de su arresto se mostró «más libre y feliz» por no volverlo a ver en las calles del municipio que comparten.

Tanto el representante del Ministerio Público como los de las acusaciones particulares, ejercidas por la propia Arrúe y su partido, pidieron seis años de cárcel en este juicio que quedó visto para sentencia.

Los hechos por los que Goikoetxea fue encarcelado y ahora juzgado se remontan al 10 de agosto del pasado año, cuando la edil, acompañada por otros miembros de su partido, acudió a visitar el mercado San Lorenzo, en Getxo. Según su versión, única acusación dado que no hay otro tipo de mecanismo para probar los hechos -ni imágenes ni testigos-, un grupo de personas la «increpó, insultó y amenazó».

Unos hechos a medida

En un primer momento, Arrúe dijo que le habían llamado «torturadora». Dos días después se refirió a esas personas como «perros» y sólo entonces mencionó que había sido «víctima de amenazas de muerte», señalando a Zigor Goikoetxea como «autor de las amenazas».

La denuncia de Arrúe coincidió en el tiempo con la intención del PP de pactar con el PSOE una nueva reforma legal destinada a perseguir a los presos políticos vascos también después de recuperar su libertad, que se materializó aprovechando este caso. Zigor Goikoetxea había estado antes en pri- sión acusado de kale borroka.

El testimonio de la edil del PP y la presión de los medios de comunicación afines a esta formación fue suficiente para que este hecho llegase hasta la Audiencia Nacional española y para que, incluso, se aplicase un tipo penal superior al denunciado con el objetivo de lograr encarcelar al joven.

Tan sólo quince días después de los hechos, el 25 de agosto, Goikoetxea tuvo que comparecer en el tribunal especial donde lo detuvieron, en un procedimiento poco habitual, hasta que Arrúe explicara su versión un día después. Ya en la Audiencia Nacional, al ratificar su denuncia, ésta indicó que en un momento dado la intentaron ro- dear y que su servicio de seguridad tuvo que acordonar la zona.

Pese a que la denuncia presentada por Arrúe aludía sólo a amenazas e insultos, para lograr encarcelar a Arkaitz Goikoetxea se aplicó un tipo penal superior: el de «atentado a la autoridad». El juez del tribunal especial Fernando Andreu acordó esa medida argumentando que dichas amenazas se engloban «dentro del entorno terrorista» y que persiguen un «fin de intimidación», con la circunstancia «agravante» de que la destinataria es miembro de la corporación municipal.

El fiscal esgrimió tres indicios para aplicar este tipo al encarcelado: la circunstancia personal de ser hermano de Arkaitz Goikoetxea, arrestado apenas un mes antes en el marco de un operativo contra ETA; la circunstancia personal del denunciante, es decir, ser concejala del PP; y el hecho de que el incidente ocurriera en Getxo, es decir, en Euskal Herria.