La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española hizo público ayer por la tarde un auto en el que ordena repetir todas las diligencias llevadas a cabo desde el 10 de abril de 2007 en la causa económica del «caso Egunkaria». La decisión adoptada por el tribunal especial, adelantada en su edición de ayer por «Berria», se debe a que ha entendido que el derecho a la defensa de varios encausados ha podido ser vulnerado. En concreto, hace referencia a que el juez instructor del caso, Juan del Olmo, no cumplió con la condición indispensable de tomar declaración a Joan Mari Torrealdai, Iñaki Uria y Txema Auzmendi para comunicarles su imputación en la causa económica. Los tres fueron arrestados por orden del juez Juan del Olmo tras el cierre de «Euskaldunon Egunkaria» y también se encuentran encausados en la pieza principal abierta contra el periódico.

La resolución, de la que ha sido ponente el juez José Ricardo de Prada, señala que la instrucción realizada por Del Olmo no fue correcta y ha estimado que hubo errores en el procedimiento, tal y como reclamó la defensa en su recurso, aunque no reconoce explícitamente que se vulneró el derecho a la defensa de los tres imputados.

En el auto se indica que durante la investigación los imputados han podido ejercer su derecho a defensa «en términos generales», pero se reconoce que tampoco es «absolutamente descartable» que hayan sufrido «alguna clase de indefensión». Según se añade, «las garantías formales del procedimiento no están para otra cosa que para ser escrupulosamente cumplidas» y por ello, se ordena la repetición de las diligencias para que el procedimiento «sea totalmente transparente».

Esta resolución significa que el procedimiento tendrá que repetirse casi desde el principio y en esta ocasión será el juez Eloy Velasco el que realice la instrucción del caso.

Replantear el caso

Uno de los letrados que defiende a los encausados en el sumario contra «Egunkaria», José María Elosua, se mostró satisfecho con la decisión de la Audiencia Nacional en declaraciones a GARA y consideró que puede que sirva para replantearse el caso.

Aunque reconoció que puede que se quede en una «victoria pírrica», el letrado resaltó el valor de que el tribunal especial admita las denuncias que lleva realizando la defensa durante años.

En este sentido, criticó que el juez Del Olmo no cumplió con las obligaciones que marca la Ley durante el procedimiento y que funcionó en base a los impulsos dictados por la Guardia Civil ordenando las detenciones, encarcelamientos y el cierre del diario. Elosua no se atrevió a aventurar qué es lo que puede ocurrir, pero declaró que esta resolución puede abrir nuevos horizontes. En su día, la Fiscalía se posicionó a favor de que la causa fuera juzgada en Donostia o en Tolosa y no en Madrid, pero el tribunal especial no atendió esa petición y le ordenó que formulara acusación.

La Fiscalía pidió entonces 184 años de cárcel para los ocho imputados, sumándose a la solicitud de Dignidad y Justicia.

Además de Uria, Torrealdai y Auzmendi los imputados en relación con la causa que investiga los supuestos «delitos económicos» de «Egunkaria» son Joxe Mari Sors, Ainhoa Albisu, Mikel Sorozabal, Begoña Zubelzu y Fernando Furundarena.

Asimismo, el 23 de junio la Audiencia Nacional deberá resolver si sigue adelante con el sumario principal del «caso Egunkaria» dónde se encuentran también encausados Martxelo Otamendi, Pello Zubiria, Xabier Oleaga y Xabier Alegría.

La defensa de los procesados en esta causa pedirá el archivo como ha ocurrido con otros sumarios en los que la Fiscalía no realizó acusaciones como el juicio contra el diálogo político o el «caso Botín».