El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que los agentes de la CIA que sometieron a los detenidos a torturas como la asfixia simulada no serán enjuiciados. «Tenemos que proteger sus identidades tal y como ellos nos han protegido a nosotros y debemos darles confianza suficiente para que puedan desarrollar su labor», manifestó. Esta declaración se produjo tras la divulgación de cuatro informes en los que, con algunas secciones tachadas, se recogen las explicaciones de la anterior Administración para justificar el uso de estas prácticas en los interrogatorios.

Recordó, eso sí, que prohibió el uso de esas tácticas porque «disminuyen la autoridad moral del país y no hacen que estemos más seguros».

Destacó que EEUU ha atravesado por un capítulo «negro y doloroso» de su historia, pero incidió en que en momentos de «grandes desafíos y falta de unidad, no se gana nada al invertir nuestro tiempo y energía en asignar culpas por lo que pasó».

En declaraciones a la cadena CNN, reiteró que si bien algunas de estas técnicas son «tortura, hay que mirar hacia adelante y no hacia atrás».

Así se refería a la presentación en el Estado español de una querella contra seis altos cargos del gobierno de George W. Bush considerados «los responsables jurídicos» de la creación del centro de detención en la base de Cuba.

Indicó que no ha tenido «conversaciones directas» con el Gobierno español sobre este asunto, pero se mostró seguro de que «resolveremos esto».

En la misma línea, el fiscal general Eric Holder sostuvo que el Gobierno no promoverá estos procesos judiciales porque «sería injusto enjuiciar a hombres y mujeres de gran dedicación que trabajan para proteger a Estados Unidos por una conducta que fue refrendada con antelación por el Departamento de Justicia». Aseguró que defenderán a cualquier agente de la CIA que deba afrontar un juicio en EEUU o en el extranjero.

Contra la querella en la AN

Justamente ayer, la Fiscalía española anunció que se opondrá a la admisión a trámite de esta querella presentada el 17 de marzo en la Audiencia Nacional.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, alegó que quiere evitar que el tribunal especial español se convierta «en un juguete». Denunció que se intenta «instrumentalizar» la Justicia española y que el Ministerio Público «no puede apoyar eso».

En su opinión, se trata de una querella fraudulenta porque va contra «toda una política» concretada en tres decisiones ejecutivas del ex presidente estadounidense.