Aumentan un 88% las ejecuciones hipotecarias
1.400 familias vascas perdieron sus casas por embargo en 2008
Las ejecuciones hipotecarias en Hego Euskal Herria aumentaron un 88% durante 2008. En total, se produjeron 1.436 embargos de viviendas frente a 762 del año anterior. El aumento se aceleró durante los últimos trimestres del año. A su vez, la tasa de morosidad registrada por bancos y cajas llegó al 4,3% en febrero, casi cuatro veces más que un año antes, lo que hace prever que durante este año seguirá aumentando el número de embargos.
GARA | GASTEIZ
La crisis ha comenzado a extender los casos de embargo de viviendas por falta de pago. El año pasado en Hego Euskal Herria se produjeron 1.436 ejecuciones hipotecarias, cerca del doble de las que se registraron el año anterior. Concretamente, en 2007, el número de ejecuciones fueron 762, lo que supone que se ha producido un incremento del 88,45%, según datos del Consejo General del Poder Judicial, que recoge los casos que han llegado hasta el Tribunal Superior de Justicia.
La subida fue especialmente acusada en Nafarroa, donde se registró un incremento del 153,4% y se alcanzaron las 451 ejecuciones hipotecarias. Bizkaia registró un aumento del 53,4%, hasta los 557 casos. En Araba la subida de los embargos de viviendas fue del 100%, y alcanzó las 192 viviendas. Finalmente, Gipuzkoa aumentó las ejecuciones hipotecarias un 88,8%, hasta los 236 casos. El CGPJ indica en su informe que el aumento en el conjunto del Estado español fue del 140% respecto a 2007. La evolución ha sido especialmente acelarada en los últimos trimestres, y se prevé que siga creciendo durante este año.
La falta de pago de las letras de una hipoteca está acentuando, más allá de las promociones en las que participan, el papel inmobiliario de las entidades financieras, que acumulan en sus activos propiedades procedentes de estos embargos. De hecho, entidades como Caja Vital o Caja Navarra publican ya en sus páginas de internet listados de viviendas en venta. En el caso de la entidad navarra superan las 154, mientras la alavesa presenta 80 propiedades inmobiliarias, de las que 35 son viviendas.
Sin embargo, no es un objetivo deseado por bancos y cajas, sobre todo cuando el precio de la vivienda sigue bajando. De momento, les sirve para maquillar sus balances.
Pero es mucho menos deseado por las personas afectadas que, además de perder la vivienda, puede que no vean cancelada su deuda con la entidad. Cuando el titular de la hipoteca deja de pagar una de las cuotas, la entidad se apresura a areclamar el pago. En caso de dificultades para hacer frente al mismo, puede negociarse mediante un aplazamiento del plazo o un período de carencia, en el que no se dejan de pagar intereses.
Si el problema presiste, en unos meses el titular del inmueble puede verse inmerso en un proceso en el que la entidad quiere ejecutar la hipoteca. En caso de embargo la deuda no se anula, sino que si el banco consigue vender la vivienda por un valor menor, el hipotecado seguirá engordando su deuda. El aumento de la morosidad en los créditos concedidos por los bancos, cajas y cooperativas hacen prever más aumentos de los embargos. En febrero, en el conjunto del Estado español, el índice de morosidad superó el 4% en febrero y se situó en el 4,13%, un nivel que no se alcanzaba desde hace más de doce años, concretamente desde noviembre de 1996.
Morosidad por cuatro
Según los datos del Banco de España, la tasa de mora de febrero supone casi cuadruplicar el 1,04% registrado un año antes, aunque su ritmo de crecimiento mes a mes se ha frenado ligeramente.
Este ratio supone un saldo total de créditos dudosos de 73.935 millones de euros entre bancos, cajas y cooperativas de crédito, frente a los 68.180 millones que sumaban el mes anterior, lo que implica un repunte del 8,4%.
Por tipos de entidades, las cajas de ahorros elevaron su ratio hasta el 4,85% tras el 4,45% de enero y el 3,79% de diciembre. Los bancos presentan una mora del 3,44%, frente al 3,17% de enero y al 2,81% de diciembre de 2008. Por último, las cooperativas de crédito tenían a cierre de febrero una mora del 3,41%, frente al 3,24% de enero y al 2,81% de diciembre,.
El aumento de embargos el año pasado fue especialmente acusado en Nafarroa, donde llegó al 153,4%; en Araba fue del 100%; en Gipuzkoa del 88% y en Bizkaia, del 53,4%.
Bancos y cajas están acentuando su papel inmobiliario más allá de las promociones en las que participan, al poner a la venta los inmuebles procedentes de los embargos.
El precio de la vivienda descendió un 4,3% en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa durante el primer trimestre del año. En Nafarroa, la caída fue de un 3,1%. Donostia fue la ciudad vasca con un mayor precio del metro cuadrado en sus viviendas libres, de 3.785,2 euros, y Getxo ocupó el tercer puesto, con 3.614,2 euros, según los datos del Ministerio de Vivienda. El índice general de precios de la vivienda registró, en este periodo, un descenso en el conjunto del Estado español del 3% respecto al trimestre anterior y un 6,5% en tasa interanual. En el caso de las viviendas de hasta dos años de antigüedad el precio bajó un 6,5%, mientras que en las de mayor antigüedad llegó a reducirse el 6,9%. El precio medio del metro cuadrado de la vivienda protegida aumentó, en cambio, un 1,1% respecto al primer trimestre de 2008.
Las empresas promotoras y constructoras del Estado español calculan que, pese al descenso del precio, el excedente de viviendas que acumulan por la parálisis del sector y del crédito llegó a 800.000 a finales del año pasado.
Debido al reciente aumento de la cartera inmobiliaria de las entidades, fruto de embargos o daciones en pago, la Asociación de Promotores Constructores de España demanda «un marco homogéneo» para evitar los casos de «competencia desleal» ya que la banca podría dar más facilidades a los compradores de sus viviendas.
La morosidad de las entidades financieras, que hace un año apenas rondaba el 1% y en el caso de las cajas vascas se situaba en torno al 0,5%, está alcanzando en el Estado español una media del 4%, tasa que no se alcanzaba desde hace 12 años.
El sector inmobiliario en el Estado español demandó ayer al Gobierno recursos para dar salida al excedente de inmuebles que no encuentran demanda en el mercado, propuesta que el Ejecutivo de Madrid se apresuró a rechazar. El Gobierno español considera «deseable» que el precio de la vivienda se vaya ajustando a la inflación, cuya tasa interanual cayó el 0,1% el pasado mes de marzo, en su primer descenso anual de la historia.
Pese al descenso del precio, el excedente de viviendas en manos de las inmobiliarias alcanzará los 800.000 inmuebles al final de 2009, por lo que la patronal del sector quiere plantear a la nueva ministra de Economía, Elena Salgado, una iniciativa para dar salida a este stock a través de una sociedad pública.
El presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), José Manuel Galindo, asegura que el fin de esta propuesta es dedicar los inmuebles a «un fin social», ya sea en venta o alquiler.
Pero, de momento, la iniciativa se ha encontrado con el rechazo frontal del Ministerio de Vivienda. La directora general de Arquitectura y Política de Vivienda, Anunciación Romero, aseguró que el Gobierno «no se lo ha planteado en ningún momento». Sin embargo, a juicio de los promotores, dar salida al stock es «el paso previo al reinicio de la actividad económica», ya que de esta forma, estiman que el sistema financiero se relajaría al liberar el crédito al promotor, que ya podrían destinar a financiar otras actividades y, de este modo, impulsar la economía.
De forma paralela a la petición de ayuda estatal, las inmobiliarias negocian con la banca para que facilite la financiación a los compradores de viviendas que pertenezcan a promociones cuya construcción han financiado.
Galindo aseguró que las inmobiliarias han percibido un cambio de actitud por parte de las cajas y bancos, que ya se deciden a subrogar a los compradores el crédito otorgado previamente a las promotoras, entre otros motivos, porque les supone un menor riesgo en sus balances.
El sector inmobiliario, por su parte, anuncia que ya ha rebajado el precio de los inmuebles casi un 20%, el margen total que se había impuesto para abaratar el precio, pero asegura que la estadística del Ministerio de Vivienda no lo refleja, puesto que las transacciones que recoge son las pactadas hace dos años.
