La hoja de coca no es cocaína, no es nociva para la salud, no provoca males físicos ni dependencia», subrayó el presidente de Bolivia, Evo Morales , durante la reunión de Viena. El mandatario agregó que estas hojas son cultivadas desde hace 3.000 años y son «el símbolo de la identidad y la cultura» de los pueblos andinos, por lo que pidió oficialmente su retirada de la lista de sustancias prohibidas y que se incluya, en cambio, la pasta de cocaína. Desafiando a los ministros de Justicia e Interior de los estados miembros de la comisión de estupefacientes, Morales advirtió: «Si esto es una droga, deberían encarcelarme».  

Tras el reforzamiento ideológico que ha supuesto el Gobierno de Evo Morales en Bolivia, los andinos luchan ahora contra la estigmatización mundial de la hoja de coca, una planta que, desde siempre, lo es todo en sus usos y costumbres. Porque, a 4.000 metros sobre el nivel de mar, la planta de coca fue como un regalo que la naturaleza les ofreció para sobrellevar mejor su vida.

Los pueblos de la cordillera andina aprendieron que la coca les protege del mal de altura, mejora la oxigenación de su organismo y les proporciona una mayor resistencia al esfuerzo. Además, dada la poca variedad de alimentos que componen su dieta, los valores nutritivos de la coca tienen una importancia singular en su alimentación. Y es que 100 gramos de coca satisfacen con creces la dieta recomendada en calcio, hierro, fósforo y vitaminas A, B y E, razón por la cual la desnutrición es una rareza en las zonas rurales ligadas al consumo tradicional de esta planta. Por si fuera poco, la coca también es su medicina natural, utilizándola como anestésico y remedio para numerosas dolencias.

Tanto les ha dado esta planta que estos pueblos la consideran sagrada. Su uso ceremonial ya se documenta en culturas de hace 5.000 años, y hoy la hoja sigue muy presente en la espiritualidad andina, utilizándose como ofrenda a los dioses, obsequio en ceremonias sociales (matrimonio...), para pedir buenas cosechas o para adivinar el futuro.

Pero sucedió que, en 1.961, EEUU consiguió que, bajo el paraguas de la lucha contra el narcotráfico, la ONU declarara la ilicitud de la hoja de coca en la Convención de Ginebra. Con ello, su planta sagrada se convirtió en maldita para la comunidad internacional. El entonces presidente Víctor Paz Estensoro acató la resolución y prometió acabar con los cultivos y con el masticado de coca, para lo cual puso una fecha: 1986. Estos acuerdos vinculaban los supuestos éxitos en la erradicación del vegetal con la cuantía de la ayuda externa que recibiría, lo que apuntaló la dependencia exterior de Bolivia e impidió su propio desarrollo. Y todo en un entorno de corrupción política, robo generalizado y numerosos escándalos de narcotráfico que salpicaban al Gobierno y al Ejército.

La Ley 1008

Militares o civiles, los gobiernos fueron pasando y ningún presidente pudo cumplir la promesa imposible de Paz Estensoro. Entonces, en 1988 se promulgó en Bolivia la Ley 1008, el último soporte legal para la erradicación de la hoja de coca. Esta ley estableció tres zonas en relación al cultivo de la planta: La zona tradicional, en la provincia de La Paz, cuya producción se destina al consumo interno; la zona excedentaria, en la provincia de Cochabamba, con cultivos a erradicar mediante indemnizaciones, recolocación de campesinos y represión; y las zonas ilícitas, en el resto del país, donde el cultivo es ilegal.

La aplicación de la Ley 1008 generó numerosos conflictos, especialmente en el Valle del Chapare (Cochabamba), una zona declarada excedentaria, en la que 40.000 familias de cocaleros defendieron sus cultivos frente a dos ejércitos, el boliviano y el estadounidense. En aquellas luchas campesinas se fraguó la figura de Evo Morales, primero como dirigente sindical de la Federación del Trópico y después como líder político del MAS (Movimiento Al Socialismo).

Con la llegada de Morales al poder, los pueblos originarios empezaron a sentirse dueños de su propia casa, y una de las tareas pendientes era devolver a la hoja de coca al lugar que le reserva su cultura. De esta forma, la nueva Constitución boliviana reconoce esta planta como patrimonio cultural, reivindicando sus usos tradicionales y elevándola a la categoría de recurso nacional y fuente de riqueza renovable, al tiempo que se prepara una nueva ley que revoque la 1008 y regule racionalmente los cultivos.

Así, ahora son dos los retos de Bolivia en torno a la hoja de coca. El primero, lograr su despenalización en el ámbito internacional, por una cuestión de dignidad y, también, para poder dar un impulso definitivo al segundo reto: La industrialización y exportación de la coca en sus decenas de derivados (té, mate, jarabes, vinos, harina...).

Porque muchos están convencidos de que la planta sagrada es la que ha propiciado, de la mano de un cocalero, el primer Gobierno del pueblo en Bolivia, con todos los cambios que se están produciendo. Pero ahora, para ratificar nuevamente su esencia mágica, en Bolivia ya perciben que la hoja de coca puede ser también una fuente inagotable de riqueza para un pueblo tan necesitado de ella. 

Títere de EEUU

A partir de la ilegalización mundial de la hoja de coca, y con el pretexto de su erradicación, Bolivia se convirtió en un país títere de EEUU. La lucha contra la droga fue la excusa perfecta para que los estadounidenses se adueñaran política, económica y militarmente del país. La embajada de EEUU ponía y quitaba ministros, la DEA (su oficina antinarcóticos) y los marines campaban a sus anchas por el país y la CIA conspiraba para evitar gobiernos de izquierdas, aunque tuviera que impulsar auténticas narcodictaduras. Todo valía para arrasar a los movimientos campesinos y obreros de izquierda.

Ésta es, por ejemplo, la denuncia que realizó Michael Levine, ex agente de la DEA, en su libro «La guerra falsa». En él, vincula a la CIA y a la dictadura argentina en la preparación del golpe militar de 1980, encabezado por Luis García Meza e infiltrado por los principales narcotraficantes del país. El interés de la CIA era impedir la toma de posesión de Hernán Siles Zuazo, que acababa de ganar las presidenciales. Pero, al parecer, no se trataba sólo de impedir un Gobierno de izquierda, ya que el mismo Levine estableció que la DEA y la CIA ofrecían su protección a traficantes de droga a cambio de cocaína que empleaban para financiar operaciones encubiertas.

Así, los dos años de presidencia de García Meza fueron lo más parecido al concepto de narcogobierno, con toneladas de cocaína guardadas en la sede del banco central y un ministro del Interior, Gómez Arce, que dirigía todas las actividades del narcotráfico del país. Entre los ejecutores de aquel golpe había varios conocidos fascistas de las cloacas mundiales, como Stefano della Chiae, tristemente recordado en Euskal Herria por su participación en los sucesos de Montejurra y en acciones de guerra sucia contra ETA.

Tras expulsar a la agencia antidrogas estadounidense a finales del año pasado, vinculándola a un intento de golpe de Estado en setiembre, el Gobierno boliviano acusó a la DEA de «no cooperar» en la lucha contra las drogas. El presidente Morales llegó más lejos al asegurar que «eran los protectores de grandes narcotraficantes».

Morales se refirió también a los partidos y sectores de oposición que rechazaron la suspensión de los trabajos de la agencia estadounidense: «Seguramente andan desesperados del bono que daba y que corrompía autoridades políticas, como también algunas esferas de la Policía Nacional», aseveró.

Para que la coca pueda contribuir al enriquecimiento de Bolivia y no al de unos pocos, sus cultivadores piden que las sociedades nativas dejen de pagar por vicios ajenos. Porque, de todos los componentes de la cocaína, sólo se penaliza uno, el único que se presenta en estado natural, el producido en Bolivia, el masticado por el 90% de la población campesina, la base de tantas economías rurales. En palabras de Morales, «son los países ricos, con sus productos químicos a los que no tenemos acceso, los que la convierten en droga, en cocaína. Por eso luchamos para terminar con esa hipocresía, que nos convierte a nosotros en culpables».