En una vida anterior, Michèle Alliot-Marie fue hombre, italiano y, para más señas, marqués de Esquilache, aquel que prohibió a los madrileños llevar capa larga y sombrero de ala ancha con el pretexto de que bajo estos ropajes que procuraban el anonimato podían esconderse armas y aviesas intenciones. Renacida en los albores de la degáullica IV República francesa y ministra del Interior en la agónica V, a esta labortana de adopción le ha llegado un relámpago del pasado, una luz que ha iluminado su équida sonrisa en la umbría soledad del gobierno: cualquier participante en una manifestación que oculte su rostro con el objetivo de no ser identificado será castigado con una multa de 1.500 euros.

Que nadie piense que, por fin, los manifestantes podrán ver las caras de los CRS que, tras sus pasamontañas, les aporrean y gasean como les ocurrió en marzo a aquellos estudiantes de un instituto de Burdeos. No llevaban ni palestinos, ni capuchas, ni pasamontañas, pero azares de la vida, en una visita cultural a París, comprobaron en sus carnes la eficacia de los antidisturbios de la República que se aplicaban en disolver una manifestación que pasaba por allí. Las criaturas interpusieron una denuncia que, ante la imposibilidad de identificar a los agresores, jamás prosperará.

Michèle no es tan ingenua como para saber que este nuevo decreto, de aplicarse, no cambiará el fondo de los problemas que llevan a la gente a salir a la calle con o sin palestinos al cuello. Ni tampoco acabará con las reacciones violentas. Mucho menos con las de los CRS que, ellos sí, seguirán impunes tras el anonimato de sus pasamontañas.