Fernando Grande-Marlaska, el juez instructor de la mayoría de los operativos policiales llevados a cabo desde junio de 2007 contra jóvenes independentistas por todo el país, ya ha cerrado la instrucción de las redadas de Donostia, Oarsoaldea y Markina. En el caso de los ocho jóvenes detenidos en enero de 2008 en Lea-Artibai por la Policía española, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española ya ha elevado su petición: ocho años cárcel, acusados de militar en Segi. En los otros dos, aún se desconoce la petición fiscal.

Pero los años de prisión a los que pueden ser condenados podría ser elevado aún mucho más, teniendo en cuenta que al menos en estos tres casos Marlaska ha dividido la causa en dos sumarios: una, la referente a pertenencia en Segi y, la otra, el de los actos de kale borroka por los que los acusan. Sin embargo, consultados por GARA, los abogados de estos jóvenes -más de una treintena sólo entre Donostia, Oarso y Markina-, remarcan la endeblez de la acusación por la falta de pruebas existentes.

Condenas sin acumular

Según señalan, no existen pruebas que demuestren la militancia en Segi de ninguno, y mucho menos sobre su supuesta participación en actos de kale borroka. Sin embargo, basta con una declaración policial -autoinculpatoria o de terceros- para elevarlo a nivel probatorio. Aunque por sí solo no sea válido, según la doctrina del Supremo español, con que en los registros los policías se hagan con unas camisetas, pegatinas o DVDs atribuidos a Segi, se convierten en pruebas. Así, estarían en juego entre 6 y 12 años de prisión.

Además, con las mismas declaraciones policiales, Marlaska también pretende endosarles varios actos de kale borroka, lo que elevaría la pena. Y cada suceso equivaldría a una condena particular. La defensa hace especial hincapié en la inexistencia de pruebas contra estos jóvenes que, además, denunciaron torturas.