Van a cumplirse seis años desde la redada que cerró sedes de Udalbiltza y encarceló a sus responsables, y la fecha no pasará desapercibida. El miércoles se celebrarán concentraciones ante numerosos ayuntamientos -la mayor parte a las 20.00-, que se convertirán en una reivindicación tanto de la institución nacional como de los derechos civiles y políticos.

Ocurrirá en un momento en que la vista oral del caso se prevé próxima. Y en una coyuntura en la que no dejan de aparecer nuevos «elementos que dejan cada vez más claro que ese juicio debe suspenderse». Así lo afirmaron ayer electos y ex electos, con Lander Etxebarria y Miren Odriozola como portavoces.

Detallaron cuatro de ellos. En primer lugar, la posición adoptada por la Fiscalía en el «caso Egunkaria», donde ha admitido que no tiene razones para sustentar la acusación. «Esos informes policiales que no tienen valor son precisamente la base de los sumarios y juicios ya celebrados y de los que están por venir», recalcaron. Junto a ello situaron las últimio interpelaciones de la ONU al Estado español por la aplicación abusiva del concepto de «terrorismo».

Los otros dos elementos que animan la demanda de cierre del proceso residen en Euskal Herria. Los comparecientes recordaron que más de mil ex alcaldes y ex concejales han suscrito ya un escrito de denuncia del proceso ante instancias internacionales. Y trajeron a colación el acuerdo adoptado por el Parlamento de Gasteiz el 22 de diciembre del pasado año, cuando manifestó que los objetivos de Udalbiltza «no sólo son legítimos, sino también necesarios» además de denunciar que «criminalizar estas iniciativas es contrario a la democracia». Subrayaron que se trata de nuevos ejemplos del apoyo social con que siempre ha contado Udalbiltza, «que surgió con el respaldo de la mayoría de este pueblo y se ha caracterizado por eso».

«Patrimonio vasco»

Odriozola y Etxebarria subrayaron que el objetivo de este proceso no era evidentemente el de castigar a algunas personas, sino «criminalizar la dinámica de construcción nacional, la diná- mica de institucionalización vasca y el auzolan entre los ayuntamientos». Y, en consecuencia, apuntaron que las actuaciones judiciales emprendidas ponen en riesgo de «ser en- gullidos por la criminalización» a cualquier espacio social, cultural o político que busque lograr un cambio en Euskal Herria.

Aquel 29 de abril de 2003, las FSE practicaron trece detenciones y encarcelamientos. Entraron en las sedes de Udalbiltza de Astigarraga, Iruñea y Bilbo, llevándose material y ordenadores y precintando los locales. Bloquearon las cuentas corrientes. «Secuestraron» 400.000 euros que se habían recolectado para impulsar proyectos de desarrollo para Zuberoa. E impusieron también la suspensión del Fondo de Cohesión y Desarrollo. Todo ello con un objetivo, según censuraron ayer: «Frustrar un camino que había sido fértil».

Por todo ello, animaron a salir a la calle este miércoles. Udalbiltza «es un patrimonio de la sociedad vasca y sus ayuntamientos, y de nadie más. No es un herramienta de partidos políticos, sino la única institución nacional vasca que hunde raíces en los pueblos y ayuntamientos», resaltaron.