Comentábamos hace pocas fechas con J.L. Pitarch, el que fuera capitán del Ejército español y miembro de la UMD, de la trascendencia que tiene el escoger tradiciones, el escoger referentes históricos por más simbólicos que a veces éstos sean. Conveníamos en esa trascendencia máxime además cuando esta elección se manifiesta en elementos de carácter público y visible, como es el caso de monolitos, esculturas o placas, ya que se está haciendo por parte del sistema político vigente una opción pública ante la ciudadanía de rememorar y honrar de forma deliberadamente visible a determinadas personas o hechos. Tanto poner, como mantener o quitar cualquiera de estos elementos no es pues un acto intrascendente sino algo de profundo sentido político y en no pocas ocasiones también democrático.

Una de esas ocasiones es la que viene dándose en las últimas semanas con el un goteo de resoluciones judiciales ordenando la retirada de las placas que en diferentes municipios vascos recordaban a Jon Paredes Txiki, y a Angel Otaegi, los dos militantes antifascistas vascos asesinados junto a otros tres militantes antifascistas españoles el 27 de Septiembre de 1975, en lo que que fueron los últimos fusilamientos del régimen franquista.

No creemos entonces que a nadie le extrañe que desde Ahaztuak 1936-1977 volvamos a reiterar la preocupación que estas decisiones nos producen, sobre todo cuando vienen adoptadas y ordenadas desde estamentos que son perfectamente conscientes del alcance de las mismas, que conocen perfectamente quiénes fueron Txiki y Otaegi, contra que régimen lucharon y por qué fueron asesinados. No es algo que nos haya sorprendido, porque desde el mismo final del franquismo siempre ha habido sectores que no han tenido ningún complejo en reivindicar a quienes murieron vistiendo los uniformes de la dictadura y defendiéndola activamente con la violencia y el terror -ejemplo de Melitón Manzanas, conocido torturador y colaborador de la Gestapo, o el almirante Carrero Blanco, presidente del Gobierno y jefe de los Servicios Secretos- pero sí que nos preocupa que estos sectores parecen haber impuesto «su memoria» -la de la dictadura franquista- sobre la memoria democrática, es decir sobre la memoria de los que enfrentaron esa dictadura. Este hecho encierra en sí un significado atroz al menos para las víctimas del franquismo: el avance de las posiciones que de forma sibilina van legitimando aquel golpe fascista, van minimizando y relativizando el genocidio político desatado posteriormente, van blanqueando los cuarenta años de dictadura y a sus gestores y servidores -tanto políticos como uniformados- porque van contribuyendo a que la ciudadanía olvide todo ello... para, a renglón seguido, deslegitimar, criminalizar... y desconocer el carácter político democrático de aquéllos que la enfrentaron de la forma que lo consideraron oportuno.

Y todo ello en este Bilbao que sigue mostrando frente a su Gobierno Civil el escudo de la Nueva España que aún no se ha ido, en esta Iruñea donde Mola sigue en su Monumento a los Caídos mientras el comandante Rodríguez Medel no tiene ni tumba propia, en esta Gasteiz donde su catedral nos recibe con el escudo franquista... Esa es nuestra preocupación. Ver que vivimos unos momentos en que se están quitando por ley, eliminando, las placas en memoria de los que combatieron al régimen franquista cuando las placas y otros elemento en honor de aquel régimen y de sus miembros siguen manteniéndose e incluso en casos como el del Conde de Rodezno en Iruñea, revalidando placa y plaza merced a la democrática corporación municipal.

Para más preocupación porque da una profundidad mayor al hecho al darle una mayor amplitud, debemos señalar además que esto no esta ocurriendo solamente en Euskal Herria: hace poco más de una semana el Ayuntamiento de Badajoz decidía eliminar del callejero de esa ciudad la calle dedicada desde 1985 a Margarita Nelken, una dirigente agraria extremeña miembro de la UGT y diputada del Frente Popular y pocos días después el pleno de Churriana de la Vega (Granada) aprobaba también retirar la calle que le había concedido a Francisco Álvarez, alcalde de la localidad asesinado el 8 de octubre de 1936 por las fuerzas golpistas alzadas contra la II República.

A la vista de todo ello es evidente que las placas y otros elementos son hoy en Euskal Herria y en el resto de pueblos del Estado un espacio más en torno al cual se da también la lucha por la memoria, que es tanto como decir la lucha por una verdadera democracia, la lucha por la libertad.

No lo perdamos de vista. Actuemos en consecuencia.