La asociación del 3 de Marzo compareció ayer ante la Comisión de Régimen foral de las Juntas Generales de Araba y reclamó subsanar varias carencias que, a su juicio, presenta el proyecto de reglamento que regula la norma goral de solidaridad con las víctimas de los sucesos ocurridos en 1976 en Gasteiz. Cinco trabajadores resultaron muertos por las balas disparadas por la Policía española tras el desalojo de una asamblea de trabajadores que se estaba realizando en la iglesia de San Francisco, en el barrio de Zaramaga.

Los representantes de la asociación solicitaron a todos los grupos políticos el apoyo para solucionar los problemas detectados y, al parecer, se encontraron con una buena disposición por parte de todos.

Desde la asociación ven con «preocupación» que muchos de los afectados tendrían «serios problemas» para ser contemplados como beneficiarios del derecho a la reparación y reconocimiento que expresaría el espíritu de la norma foral.

En su opinión, con ese decreto se buscaba tener en consideración a todos los afectados por la masacre del 3 de marzo y acabar con la discriminación mantenida a lo largo de estos años. Como denunciaron, «después de 33 años se ha avanzado en lo relativo a la verdad, pero todavía no se ha hecho justicia ni se ha reparado a las víctimas».

Cuatro puntualizaciones

La asociación de Víctimas del 3 de Marzo entiende que es necesario realizar varios cambios en la norma foral, como el que exige «demostrar la convivencia y dependencia económica de los posibles beneficiarios respecto de la persona fallecida para poder tener derecho a la indemnización». Según criticaron, los fallecimientos se produjeron debido a la actuación de las Fuerzas Armadas del Estado español, y el resarcimiento no debería considerarse como una ayuda o pensión, por lo que entienden que los beneficiarios deberían de ser todas las personas que por legítima herencia les corresponda.

La no inclusión de las incapacidades temporales tanto a nivel físico, moral y económico es otra de las puntualizaciones que realizan. Al parecer de la asociación, deberían de poder ser resarcidas todas las personas que sufrieron lesiones incapacitantes y temporales.

Tampoco comparten que el derecho a la indemnización por lesiones no invalidantes sea intransferible. Según defienden, en este caso han pasado 33 años desde que se produjeron los hechos y algunos de los posibles beneficiarios han fallecido durante este tiempo.

Por último, no están de acuerdo con los baremos que se van a establecer para las indemnizaciones. En su opinión, se produciría «un acto de sangrante discriminación» si no se aplican los decretos que se han ido elaborando para las víctimas de ETA con posterioridad a la ley de solidaridad con las víctimas, y se quedan con lo aprobado en un principio.

Desde la asociación también se han puesto en contacto con dirigentes del PSOE y con la subdelegación del Gobierno español en Araba para transmitir las carencias de la ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo y la conocida como Ley de la Memoria, pero todavía no han obtenido respuesta.