Dos personas, una mujer madrileña de 40 años y un hombre de 63 de Motril, fueron detenidas esta semana en la capital vizcaina por estafar a más de 40 inmigrantes, a los que entregaron contratos de trabajo a cambio de entre 1.500 ó 2.000 euros. Los presuntos estafadores, que han pasado a disposición judicial, se habrían embolsado entre 60.000 y 80.000 euros por estas prácticas, según barajan desde la Policía española.

La Delegación del Gobierno español en la CAV informó ayer de que agentes de la Policía, adscritos a la Brigada de Extranjería y Fronteras de Bilbo, detuvieron esta semana a MC. F.G., de 40 años, abogada de profesión, pero en la actualidad inhabilitada para el ejercicio de la abogacía, y a E. G.R., de 63 años de edad.

Los hechos comenzaron en setiembre de 2008, cuando la Brigada de Extranjería detuvo y puso a disposición judicial a estas dos personas y a otras dos más acusadas de similares actividades delictivas. Por ello, los policías establecieron un operativo de vigilancia y seguimiento que dio como resultado la comprobación de que los ahora detenidos de nuevo, lejos de abandonar su práctica, seguían inmersos en la misma trama.

Fruto de esas investigaciones, según la Policía española, se pudo acreditar la actividad fraudulenta llevada a cabo por estas personas, de la que habrían sido víctimas o perjudicados más de cuarenta inmigrantes. Los detenidos hacían creer a los afectados que mediante el pago de una cantidad de dinero, que oscilaba entre los 1.500 y los 2.000 euros por persona, les era entregado a cambio un contrato de trabajo para los familiares o amigos a nombre de quienes lo solicitaban, a fin de que en su país de origen pudiesen efectuar los trámites reglamentarios para poder residir y trabajar en el Estado español.

Los afectados por los hechos denunciados no eran precisamente las personas residentes en el extranjero, a cuyo nombre se había realizado las ofertas de trabajo y presentado las correspondientes solicitudes de autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, sino sus familiares y amigos residentes en el Estado español que, para mejorar la situación económica de aquellos, efectuaron los pagos a los dos presuntos delincuentes, en la creencia de que de esa manera se podría obtener una autorización de residencia, en base a un previo contrato de trabajo que les permitiría acceder al Estado español.

Los autores de la extorsión trataban, según la Policía española, de revestir sus actuaciones de legalidad de cara a los inmigrantes mediante la presentación de una solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena ante la Administración, unida a la presunta oferta de trabajo presentada por una empresa (con actividades totalmente legales, pero ajena por completo a este tipo de actividad delictiva), a nombre de los interesados. Además, entregaban una copia de todo a los perjudicados para que confiaran en sus tramitaciones.

Justifican la reforma de la Ley

En otro lado, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, defendió ayer que el Estado español «da cumplimiento» con el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería remitido en abril al Consejo de Estado «a los tiempos y pautas que marca la UE» para trasladar a la legislación la directiva europea que facilita la concesión de permisos de residencia temporales a inmigrantes que cooperen en la lucha contra el esclavismo o la inmigración ilegal.

El jueves se conoció que el Tribunal de Luxemburgo había condenado al Estado español por no cumplir los plazos.