Solicitud a la fiscalía para localizar a un represaliado
El refugiado donostiarra Jon Anza está desaparecido desde el pasado 18 de abril
Iñaki ALTUNA | BAIONA
El ex preso y refugiado político Jon Anza, natural de Donostia y residente en la localidad labortana de Ahetze, se encuentra desaparecido desde el pasado 18 de abril, según informaron ayer la abogada de la familia, Maritxu Paulus Basurko, y la portavoz de Askatasuna, Anais Funosas, después de presentar ante la Fiscalía un requerimiento para abrir una investigación.
En la comparecencia que ofrecieron justo después, en la que estuvieron también presentes la compañera y hermanos del desaparecido, la letrada informó de que Anza se encuentra gravemente enfermo y de que, debido a que en esas circunstancias estaba padeciendo problemas personales, decidió salir de Euskal Herria para, según informó a su familia él mismo, pasar un tiempo en casa de unos amigos de Toulouse y, sin contacto con sus allegados, buscar tranquilidad. El 18 de abril, a las 7 de la mañana, cogió un tren en la estación de Baiona con llegada a las 10.36 a la citada ciudad. Desde el momento en el que subió a ese tren, sus familiares no han tenido más noticias suyas.
La primera sospecha de que algo le podía haber ocurrido se produjo el 24 de abril, ya que ese día Anza tenía cita en un centro hospitalario para hacerse unas pruebas sobre la evolución de su dolencia, de la que fue operado hace algunos meses. Al faltar a la cita, los familiares comenzaron a hacer gestiones para averiguar si había tenido algún tipo percance. El resultado negativo de todas estas gestiones ha llevado a la familia a solicitar a la Fiscalía de Baiona que abra una investigación.
En concreto, la letrada Paulus Basurko presentó ayer un requerimiento en base al artículo 74-1 del Código Penal que prevé que, en caso de que «la desaparición de una persona mayor de edad presente un carácter preocupante o sospechoso en relación a las circunstancias, a la edad del interesado o a su estado de salud», la Policía judicial puede emprender, por mandato del fiscal, «acciones encaminadas a la búsqueda de la persona desaparecida». Pasados ocho días de las instrucciones del Ministerio Público, las averiguaciones pueden continuar con carácter de una «investigación preliminar».
El fiscal puede, asimismo, solicitar la apertura de una investigación sobre las causas de la desaparición.
La abogada de la familia subrayó en la conferencia de prensa que lo que desean es que las autoridades pongan en marcha todos los medios de que dispone para esclarecer lo que ha podido suceder a Anza. También solicitó la ayuda de los medios de comunicación para trasladar a la población detalles sobre su desaparición, e instó a cualquier ciudadano que pueda haberle visto o coincidido con él durante el trayecto del tren a ponerse en contacto con la familia.
Jon Anza, de 47 años de edad, vivía en Ahetze desde finales de 2005 y, hasta que le fue diagnosticada su enfermedad, trabajó en una empresa de Hendaia. Su vida en este tiempo ha sido absolutamente pública. Anza se trasladó como refugiado a Lapurdi al sentirse hostigado en Donostia, ciudad en la que residió los tres años siguientes a su salida de la cárcel, donde cumplió una pena de 21 años.
En nombre del movimiento pro amnistía, Anais Funosas resaltó ayer el hecho de que Anza sea «ex preso, refugiado y militante abertzale» y manifestó que todo ello les lleva a estar «sumamente preocupados». Añadió que no descartan ninguna hipótesis sobre lo que le haya podido pasar, aunque lanzó de forma insistente una pregunta: «Non da Jon?». «Nosotros no tenemos los elementos suficientes, pero queremos saber qué ha sucedido con Jon», declaró Funosas, antes de subrayar que no permitirán que esa pregunta quede sin respuesta.
La desaparición del exiliado y ex preso político Jon Anza obliga a realizarse una pregunta que ya se ha tenido que hacer en esta país en otras ocasiones: «Non da?».
«Non da Popo?» se volvió a escuchar el año pasado con motivo del 25º aniversario de la desaparición del militante de IK Jean Louis Larra, producida el 7 de agosto de 1983 en las inmediaciones del camping de Léon, en las Landas, tras un tiroteo entre un comando de la organización amada y una patrulla de la Gendarmería francesa.
En diciembre pasado, el Tribunal especial de París dio por muerto al joven y prescribió las acusaciones que por su militancia mantenía contra él. Durante estos veinticinco años lo había considerado prófugo de la Justicia. Con ese último capítulo, los tribunales franceses han dado carpetazo a los oscuros sucesos de Léon sin investigar ni esclarecer la desaparición del miembro de IK.
Otra desaparición sobre la que en los últimos tiempos ha habido novedades judiciales es la del miembro de ETA (pm) Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, quien fue visto por última vez el 23 de julio de 1976. El pasado mes de marzo, 33 años después de la desaparición, neofascistas italianos declararon ante el juez de la Audiencia Nacional española Fernando Andreu que en los 70 hubo un grupo de ultras italianos preparados para actuar contra ETA y que, en aquella época, se secuestró a un miembro de esta organización, que fue trasladado a una casa cercana a Barcelona, donde fue torturado antes de hacerlo desaparecer. Pertur era en aquel momento el único militante de ETA que había desaparecido.
Lo llamativo de la investigación judicial es que estos neofascistas ya declararon algo similar en 1984 pero no se le dio ninguna importancia, debido, seguramente, al interés de la clase política y las autoridades españolas en fortalecer la versión de que Pertur había desaparecido a manos de sus compañeros.
El tercer militante del que no se tiene ninguna noticia desde hace casi tres décadas es José Miguel Etxeberria Álvarez, Naparra. El miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas desapareció el 11 de junio de 1980, cuando se dirigía a una cita en Ziburu.
El movimiento independentista ha denunciado estas desapariciones, junto con otros casos -como el secuestro, tortura y muerte de Joxi Zabala y Joxean Lasa-, como actos de guerra sucia de los aparatos del Estado.
El temor de un posible retorno a estas épocas negras de la guerra sucia quedó en evidencia el pasado mes de diciembre, cuando el ataundarra Juan Mari Mujika, residente en Domintxaine (Zuberoa), fue secuestrado durante dos horas. Mujika fue abordado por personas que se presentaron primero como policías franceses que le dijeron que le iban a llevar a comisaría. Después le dijeron que eran policías españoles y le condujeron a una cabaña junto a un lago, para allí amenazarle y pedirle que colaborara con ellos.
Este caso fue denunciado ante la Fiscalía, tras lo que el propio Mujika prestó declaración ante la Policía Judicial de Baiona.
ETA también hizo alusión a la guerra sucia al reivindicar la muerte de los guardias civiles en Capbreton, registrada el 1 de diciembre de 2007. La organización armada habló entonces del riesgo de «actuaciones de terrorismo de Estado contra militantes vascos».
Ni la familia ni el movimiento pro amnistía confirmaron esta hipótesis como la única probable en el caso de Anza, pero sí lanzaron la pregunta: «Non da?»
«Era 20 de diciembre, sábado, eran carnavales. Eso no se olvida», decía Jon Anza, al rememorar su detención, en 1982, en una entrevista concedida a GARA en octubre de 2002, pocos días después de salir de prisión.
Preguntado por la situación política, el ya ex preso respondía: «Durante estos años, la opresión de Euskal Herria ha aumentado. El Estado español ha emprendido una ofensiva general, en todos los frentes». Para confirmar estas palabras, Anza resaltaba que «hay más presos y refugiados que nunca, las redadas son pan de cada día, la tortura continúa y a todo ello hay que sumar el proceso de ilegalización de la izquierda abertzale».
La entrevista fue realizada cuando Anza tenía 40 años, 21 de los cuales había pasado en diferentes prisiones del Estado español. «He pasado más de media vida en la cárcel», dijo él mismo. Su periplo fue especialmente duro: Carabanchel, Alcalá-Meco, Puerto II, Herrera, Daroca, Bonxe, Puerto I, Ceuta, Tenerife y, de nuevo, Puerto I, desde donde salió en libertad.
Testigo directo de la política de dispersión, Anza valoraba en aquella entrevista que «fue otro paso para romper el colectivo de presos políticos vascos, que el Estado pretendía que fuese el definitivo». Sin embargo, a su juicio, la dispersión fracasó, «como lo hicieron los intentos anteriores».
