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Los abogados de Baiona denuncian recortes de derechos para ahorrar

El Consejo de la Orden del Colegio de Abogados de Baiona denunció ayer en rueda de prensa las decisiones del Ministerio de Justicia de fomentar la utilización de las vídeoconferencias en los juicios e introducir la llamada Comparecencia sobre Reconocimiento Previo de Culpabilidad (CRPC) también en el ámbito penal. La legislación sobre la grabación de los interrogatorios en los casos de inmigración ilegal ha cambiado ya, desde mediados de este mes.

Idoia ERASO |

La decana del Colegio de Abogados de Baiona, Anne-Marie Mendiboure, denunció ayer que con los cambios que ha implantado el Ministerio de Justicia «la independencia de la Justicia queda en entredicho y se enfrenta a los principios de libertad y separación de poderes».

Los letrados se refirieron así, por un lado, al hecho de que la CRPC, fórmula creada con el objetivo de agilizar el trabajo de los tribunale,s se vaya a extender también a los ámbitos penal y criminal, es decir a los casos más graves. Este sistema se basa en que un acusado que ha confesado su culpabilidad durante su retención en manos policiales pierde gran parte de sus derechos posteriores, ya que el Ministerio Fiscal instruye directa- mente los casos.

Los abogados también aludieron a la circular que envió el secretario general del Ministerio de Justicia el pasado 5 de febrero. En ella se establece que se debe incrementar la utilización de las vídeoconferencias en el ámbito de los juicios, con el único objetivo de reducir en un 5% los costes de los tribunales.

Cambio de la ley

La ley que establecía que los interrogatorios a los inmigrantes en situación ilegal debían ser grabados ha cambiado y ya no serán necesarias estas grabaciones. Esta modificación es efectiva desde mediados de este mes. La abogada y presidenta de la asociación Cimade -que ayuda a las personas en los centros de retención-, Laurence Hardouin, declaró que este cambio se debe en parte al hecho de que serán los tribunales de Baiona y Pau los que aplicaran es norma.

La falta de infraestructuras de grabación en el centro de retención de Hendaia supuso que todas las personas que pasaban por allí quedasen automáticamente libres. A consecuencia, el prefecto de los Pirineos Atlánticos envío a doce personas al Tribunal de Toulouse, donde la ley no tenía la misma lectura.

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