Confebask defendió ayer la continuidad de la central de Santa María de Garoña al considerar que «no existen razones» para cuestionar su funcionamiento. La organización de empresarios estima que el cierre de la controvertida planta nuclear burgalesa, a escasos kilómetros de Euskal Herria, «afectaría negativamente a la competitividad de las empresas de alto consumo, a la industria y a los propios consumidores».

La patronal, a través de un comunicado, advirtió de que la paralización de Garoña, «además de incrementar el coste de la energía para empresas y particulares, desequilibraría el mix energético y contribuiría a una merma del suministro».

Consideró que «no existen razones» para cuestionar el funcionamiento de la central, que «ha demostrado a lo largo de estos años plenas garantías de seguridad y eficacia», por lo que confió en que «a la vista de los múltiples y reiterados controles y evaluaciones internacionales a los que ha sido sometida, el Consejo de Seguridad Nuclear así lo avale».

Confebask sostiene que la energía no producida por Garoña «debería ser sustituida por un incremento de las importaciones procedentes de centrales nucleares» del Estado francés y supondría aumentar la dependencia del petróleo, «con las negativas consecuencias que esto implica», o «haría necesario recurrir a otras tecnologías más caras o más contaminantes».

Mintegi acude a Madrid

Mientras Confebask se pronunciaba a favor de la prórroga del permiso a Nuclenor, el diputado alavés de Medio Ambiente. Mikel Mintegi, acudió a Madrid para entregar en el Ministerio español de Industria el acuerdo de la Diputación de sumarse a la campaña «Yo soy antinuclear», que reclama la clausura de la central, copia de las ocho mociones aprobadas desde 1990 en las Juntas Generales a favor del cierre y otra documentación relacionada con los incidentes ocurridos en Garoña.

En declaraciones a los periodistas, Mintegi indicó que, previamente, habían enviado cuatro cartas al ministro de Industria, Miguel Sebastián, y otras cinco al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, para que les informe sobre el destino de la central.