El aumento paulatino de la implicación de la Policía Foral en labores de «orden público» -tradicionalmente reservadas a la Guardia Civil y la Policía española- no es un secreto para nadie a estas alturas. Pero en el valle de Baztan ha provocado una mezcla de estupor e indignación la constatación de que agentes de este cuerpo asumen entre sus labores, con aparente normalidad a tenor del contenido de sus «partes», la de investigar a personas por su ideología independentista.

Los citados documentos han alcanzado gran difusión en el valle, según ha constatado GARA, si bien se desconoce cómo han llegado al conocimiento público. Se trata de informes rutinarios en los que las diferentes patrullas resumen el desarrollo de sus labores diarias con el objetivo añadido de que sirvan de ayuda a quienes les toman el relevo en los turnos. Según ha podido constatar GARA, en ellos se registran incidentes relativos al tráfico, a robos, a incidentes menores por consumo de alcohol, a sospechas de tráfico de drogas o a cumplimientos de órdenes de alejamiento impuestas a maltratadores. Pero lo que ha escandalizado a muchos vecinos es comprobar que junto a estas labores policiales comunes se incluyen seguimientos de carácter única y exclusivamente político.

Es el caso de un apunte fechado el pasado 11 de marzo en Elizondo, en el que se indica que hay que vigilar un garaje «para relacionarlo o descartarlo del entorno radical abertzale», y se añaden algunos datos escuetos sobre sus titulares y empleados.

«Cuadrilla problemática»

En otro ejemplo, esta vez anotado con fecha 28 de febrero y ubicado en la localidad de Ituren, se habla de una «cuadrilla problemática» de la que se cita a cinco personas con nombres y apellidos. «Posible entorno radical», añaden los partes fotocopiados y difundidos por los vecinos. Y se apostilla acto seguido que «se observan pintadas referentes a ETA en el frontón. Volver a controlar a éstos y rellenar ficha identificación».

Los apuntes refieren sucesos ocurridos en diferentes localidades de Baztan (Elizondo, Irurita...), Malerreka (Donamaria, Doneztebe, Ituren...), Bortziriak (Etxalar, Bera, Lesaka...) y Ultzama, de lo que se desprende que han sido confeccionados por patrullas del cuartel de la Policía Foral de Elizondo.

Vecinos de estos pueblos consultados por GARA subrayan que en otras anotaciones aparecen miembros de la izquierda abertzale sobre quienes se evidencia un seguimiento especialmente intenso, aunque no se determine el motivo del mismo y no conste imputación delictiva alguna.

Se desconoce si este tipo de prácticas es norma habitual en otras comisarías de este cuerpo, que está dirigido en la actualidad por Alfonso Fernández Díaz. Con anterioridad, Fernández fue responsable de la Policía española en Nafarroa a mediados de los años 90. Su designación ya supuso una clara prueba de la intención del Gobierno de UPN de convertir a la Policía Foral en lo que eufemísticamente se denomina un cuerpo «integral», es decir, con competencias en todo tipo de temas, incluidos los tradicionalmente reservados a la Guardia Civil y la Policía española. Hasta bien entrados los años 90, la posibilidad de que los forales actuaran también en cuestiones de «orden público» era casi tabú, además de motivar un importante rechazo entre sus componentes.

Competencias difusas

En paralelo a estos hechos, en las últimas semanas en los ámbitos políticos ha resurgido la demanda histórica de que la Policía Foral desempeñe en exclusiva las competencias de tráfico en Nafarroa, hoy compartidas con la Guardia Civil.

En su momento, el entonces ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja (PP), se negó a ello argumentando que la Guardia Civil debía mantener esa presencia para garantizar la eficacia de la «lucha anti-ETA» en el herrialde. Sin embargo, ahora el PP también ha apoyado esta concesión exclusiva de la Policía Foral: así lo hizo recientemente en el Senado, ante una moción presentada por la representante de UPN María Caballero, her- mana del consejero de Interior y, por tanto, dirigente político de la Policía Foral, Javier Caballero. Parece por tanto que para el PP actual la Policía Foral resulta más fiable que la de la época de Mayor Oreja. La moción validada en el Senado español matiza, en cualquier caso, que la Guardia Civil podrá seguir interviniendo en las carreteras cuando lo crea necesario para la «lucha contra ETA».

Mientras el tráfico ha sido una cuestión de polémica recurrente, la asunción de competencias de orden público por parte de la Policía Foral se ha ido llevando a cabo de forma discreta, y sustentada más en la política de hechos consumados que en los cambios legales. Un caso revelador, aunque no único, fue la intervención para retirar unas pancartas por los prisioneros políticos en un concierto celebrado en agosto del pasado año en vísperas de las fiestas de Berriozar, que derivó en una fuerte carga y provocó la hospitalización de una persona.

Ante las dudas sembradas tanto en el seno del cuerpo policial como en otros sectores sociales, el consejero Caballero argumentó en el Parlamento que a la Policía Foral «ninguna vulneración de la ley le es ajena». Desde formaciones como Nafarroa Bai se acusó a UPN de querer perjudicar al Ayuntamiento que dirige en minoría esta coalición -el concierto reventado por la Policía Foral había sido promovido por el Consistorio de Berriozar-. La izquierda abertzale, por su parte, lleva tiempo señalando al Gobierno navarro por querer convertir a los forales en un cuerpo al servicio de UPN, al igual que entiende que hace el Ayuntamiento de Iruñea con la Policía Municipal.

Técnicamente, el listado de competencias de esta Policía Foral resulta difuso. Según lo establecido en la Ley 8/2007 de 2003, además de las intervenciones en materia de tráfico le competen funciones ciertamente ambiguas como «velar por el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones generales aplicables en las materias de la competencia de la Comunidad Foral». Se le encarga también «mantener y, en su caso, restablecer el orden y la seguridad ciudadana mediante las intervenciones que sean precisas y, en particular, vigilar los espacios públicos, proteger y ordenar las manifestaciones y mantener el orden en las grandes concentraciones». Y se le encomienda igualmente «garantizar la seguridad ciudadana y el pacífico ejercicio de los derechos y libertades públicas y la protección de personas y bienes», algo que parece más bien contradictorio con lo escrito en los partes de la comisaría de Elizondo y con actuaciones como la desempeñada en Berriozar.