General Motors se declaró ayer en quiebra ante un tribunal de Nueva York, en lo que supone la mayor suspensión de pagos de una empresa industrial en la historia. Tras meses de incertidumbre y una vez confirmada la bancarrota de la que ha sido líder del sector durante siete décadas, el futuro de la compañía y sus más de 230.000 empleados pasa por el traspaso de sus activos a una nueva empresa en la que el Estado será el mayor accionista. El Gobierno de Estados Unidos ha decidido inyectar 30.000 millones de dólares (antes había aportado otros 20.000), que le otorgan más del 60% de las acciones.

Si bien el Ejecutivo que dirige Barack Obama se mostró desde el inicio reticente a intervenir en el caso de General Motors, el determinante peso que la industria del automóvil tiene en la economía norteamericana y los graves riesgos que supondría para el sistema el hundimiento de la compañía de Detroit han inclinado finalmente la balanza hacia el rescate. La decisión no está exenta de riesgos financieros, puesto que no existen garantías de que las arcas públicas puedan recuperar el fuerte caudal invertido ni a corto ni a medio plazo.

Pero ése no es el único interrogante que amenaza al camino emprendido por Obama. General Motors es el paradigma de empresa mal gestionada: se ha empeñado en fabricar coches ineficientes, caros y que consumen demasiada gasolina, incapaces de competir con los europeos y, sobre todo, con los japoneses. ¿Suponen los 30.000 millones un premio a ese nefasto modelo de gestión? Obama ha puesto el acento en que el Gobierno no gestionará la empresa, entonces ¿qué o quién avala que los administradores de la empresa gestionen los caudales públicos con mayor eficiencia que hasta ahora? Además, General Motors no es la única gran empresa en Estados Unidos que atraviesa por serias dificultades, luego ¿dónde pondrá Obama el límite a las inyecciones millonarias? ¿cuánto aguantará el erario público? ¿y la paciencia de los contribuyentes? Demasiadas preguntas sin atisbo de respuesta.