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Ainara Lertxundi Periodista

¿Para qué un Consejo de DDHH en la ONU?

Pues para poco o nada. Aunque la nominación -Consejo de Derechos Humanos- es prometedora, el fondo es decepcionante. El pasado jueves, este mismo Consejo se alineó junto a Sri Lanka para frenar una eventual investigación de los crímenes de guerra cometidos durante la ofensiva contra los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE).

El texto, aprobado con los votos de Cuba, China, India, Pakistán y Arabia Saudí entre otros países, rechaza la petición de investigación hecha por la propia comisaria de la ONU Navi Pillay y no se pronuncia sobre la necesidad de darle una salida política al conflicto ni de permitir la entrada sin restricciones de las organizaciones humanitarias. La cuestión que prima en la resolución es «el respeto de la soberanía y el principio de no injerencia». Aun estando de acuerdo con este último punto, resulta dramático ver que esta última matanza, ocurrida en pleno siglo XXI y aunque sea a miles de kilómetros del viejo continente, no suscita ni el menor interés.

Las cifras que deja este conflicto son incalificables. El diario británico «The Times» acaba de revelar que sólo en los últimos días de la ofensiva murieron 20.000 civiles. Quienes lograron huir de los combates se hacinan en campos de «acogida» del Gobierno, que en la práctica son lugares de detención. No hay más que observar las escasas fotos que llegan; tiendas de lona o de chapa metálica rodeadas de alambres de púas y con soldados del Ejército haciendo guardia. Con esa carta de presentación, parecen de todo, menos de «acogida».

Lo que realmente ha pasado tardará años en saberse o, tal vez, como admite el jefe humanitario de la ONU, John Holmes, «jamás lo sabremos». Principalmente, porque no interesa y porque, una vez más -y no será la última- han primado cuestiones que nada tienen que ver con los derechos humanos. El Consejo no se ha interesado por los muertos pero tampoco por los vivos. Human Rights Watch lamenta que «ni siquiera expresara su preocupación por los centenares de miles de personas que sufren una detención indefinida».

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