El ministro español de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, reconoció ayer que su departamento baraja «todas las alternativas posibles» sobre la central nuclear de Santa María de Garoña, pero que el Gobierno no tomará una decisión hasta que se reciba el informe del Consejo de Seguridad Nuclear.

Por su parte, la Diputación de Araba anunció que seguirá haciendo «todos los esfuerzos» para que la central se cierre y adelantó que esta misma semana anunciará más medidas para hacer patente el rechazo mayoritario de este territorio.

El teniente de diputado general de Araba, Claudio Rodríguez, recordó que el equipo de gobierno ha cumplido hasta ahora con «todos» los mandatos de las Juntas Generales en relación a este asunto.

El Gobierno central tiene que pronunciarse antes del 5 de julio sobre la continuidad de Garoña, central burgalesa situada a pocos kilómetros de Araba.

Rodríguez insistió en que se harán «todos los esfuerzos que estén alcance de nuestra mano» para que no se prorrogue la actividad de la central, aunque recordó que el aspecto competencial de Araba en este asunto es «limitado».

Por otro lado, el responsable de Política Social de ELA, Mikel Noval, reclamó ayer que las instituciones elaboren un plan de empleo para las zonas cercanas a la central, pero afirmó que la ausencia de este plan no sirve como «excusa» para no cerrar la planta. Noval presentó una campaña del sindicato para reivindicar el cierre la planta.

Exigió al Ejecutivo de Zapatero que diga cuanto antes cuál va a ser su postura en relación a esta cuestión, y opinó que la decisión que se tome será «política y no técnica».

Por ello, le reclamó a Madrid que «no se esconda en cuestiones técnicas», y le recordó a Zapatero que el PSOE se comprometió a cerrar la central burgalesa.

Tras criticar que «hay intereses para mantener Garoña», denunció que «no hay interés en cuidar la seguridad de la gente y sí la de los beneficios empresariales».