Nadie podría establecer con exactitud en qué momento el Elíseo se ha incorporado a la campaña electoral europea. Habida cuenta del uso permanente que hace Nicolas Sarkozy de las muchas amistades de que dispone en los medios es complicado fijar cuándo el presidente francés se dedica a labores propias de su cargo y cuándo ejerce de publicista aventajado. Por poner una fecha cercana, podemos establecer su arranque de campaña a las europeas el 5 de mayo en Nîmes. Una fecha anterior, por descontado, al inicio oficial de la disputa entre candidatos, pero una referencia a no descartar cuando de lo que se trata es de revalidar una mayoría en la urnas pese a la tormenta social que recorre el Hexágono.

Ese día, Sarkozy eligió Nîmes para festejar el paso de Ecuador de su mandato y, en un discurso de pretendida trascendencia histórica, proclamó que desde que lleva en el Elíseo «ha transformado a Francia».

A por la cosecha de Le Pen

Sin menospreciar otras intervenciones con fuerte sentido propagandístico, el otro momento fuerte elegido por Sarkozy en esta campaña fue el que le llevó a concretar en el Elíseo su enésima ocurrencia en materia de seguridad. A la vista de que las encuestas auguran el domingo una victoria, pero con acusado desgaste, para la UMP, Sarkozy optaba por lanzarse a la caza de la bolsa de votos del Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen.

Con el telón de fondo del arresto por unas horas de dos escolares de 6 y 10 años, de origen norteafricano, en la localidad de Floriac, en la región bordelesa, Sarkozy secundaba la propuesta de su ya impopular ministro de Educación, Xavier Darcos, de crear una «policía de las escuelas», que estaría autorizada, entre otras funciones, a registrar las mochilas de los escolares franceses. Del mismo modo que hiciera al anunciar su proyecto de impulsar una «policía de proximidad» en los llamados «barrios calientes» de las periferias urbanas galas, el presidente francés se rodeó de uniformes para proclamar su compromiso con la seguridad ciudadana.

Esa incursión en el discurso securitario, en el que por lo demás el inquilino del Elíseo se siente muy cómodo, ha tenido una respuesta más bien parca. Las encuestas no terminan de fijar una recuperación de voto al nivel pretendido por la UMP, aunque el aroma a derrota que rodea a los de Martine Aubry puede abrir las puertas de par en par a la celebración electoral de la derecha.

La secretaria general del PS, tras escenificar un forzado abrazo con la ex candidata presidencial Ségolène Royal dirigido a hacer subir la intención de voto -algo que no parece haber logrado- ha optado por encerrarse en su despacho para preparar la traca final de una campaña al final de la cual el cargo que logró por los pelos el pasado noviembre puede estar definitivamente en peligro.

Mimado por los sondeos, el centrista MoDem aspira a aprovechar la coyuntura para asentar sus aspiraciones de desplazar al PS en su papel de primera fuerza de la oposición. Si el PS se queda por debajo de la barrera sicológica del 20%, todo será posible para un François Bayrou que, como Sarkozy, se mira ya sin demasiado disimulo en el espejo de las presidenciales de 2012.

Sin embargo, y volviendo al «cambio de rostro» que atribuye Sarkozy a su país, esta semana ha salido a la luz un informe que calibra con gran acierto los efectos de ese permanente homenaje al aferismo al que se consagra el líder derechista.

Semanas atrás Sarkozy obsequiaba a los medios audiovisuales con una visita, de marcado carácter económico, a Emiratos Árabes. Rodeado de mandatarios de dudosa adscripción democrática, Sarkozy se dedicaba al arte de la inauguración de edificios pagados con cargo al Presupuesto del Estado a cambio de compromisos de contratos para la todopoderosa industria atómica gala.

A tenor de las conclusiones relativas al Estado francés presentadas en su informe anual por la organización no gubernamental Transparency Internacional, el presidente francés ha llevado al Estado al que representa a bajar muchos escalones en la protección de la buena gestión pública.

«Transparencia e integridad, dos años después» es el título con el que esa ONG hace un balance de la mitad de mandato de Sarkozy en un tono que dista mucho del incienso empleado por el presidente francés en el acto de auto-homenaje en Nîmes.

Pérdida de calidad democrática

Aunque el informe es extenso, merece la pena mirar con cierto detenimiento al balance presentado por Transparency Internacional.

El informe constata que el discurso de Nicolas Sarkozy ante los líderes mundiales para combatir los paraísos fiscales -mientras su Gobierno otorgaba miles de millones de euros a empresas privadas para mejorar sus balances de cuentas- se ha quedado en una mera pose.

Con todo, son más perniciosos los efectos de la acción directa presidencial en otras áreas. En este sentido, la citada ONG considera especialmente negativo que el presidente galo se olvidara en su anuncio del 13 noviembre de 2007, consagrado a fomentar la transparencia en la gestión, de proteger a los agentes o funcionarios públicos dispuestos a denunciar la corrupción.

Efectivamente, en ese plan se autorizaban métodos de espionaje hacia empresas y se dotaba de inmunidad a los empleados que denunciaran las malas artes de sus jefes. Sarkozy se olvidó de extender esa «revolución ética» a la función pública, y ello cuando los grandes escándalos destapados por la prensa gala han tenido como protagonistas a personas ligadas de un modo u otro al poder político. Ya sea en el caso de las ventas de armas a África en que se vió implicado un hijo del difunto ex presidente Mitterrand, ya sea en la venta de fragatas a Taiwán.

Sin salir del ámbito de la defensa, en el que se juegan algunos de los contratos más importantes del Estado, Sarkozy ha adoptado medidas poco coherentes con su supuesto afán de transparencia. El presidente ha ampliado notablemente el ámbito del llamado «secreto de defensa», lo que convierte en todo un rompecabezas el registrar o inspeccionar sedes o documentación militar en el curso de una investigación judicial.

Transparency Internacional comparte la preocupación expresada por buena parte de la magistratura francesa en relación al proyecto del presidente de suprimir la figura del juez de instrucción. Esa decisión, junto al nunca concretado anuncio de crear la figura del procurador general de la República, que rendiría cuentas ante el Parlamento, son vistos como un atentado a la independencia judicial y un signo de regresión democrática.

El Estado francés, que hasta el año 2007 obtenía una alta calificación superior a 7 -en un baremo de 0 a 10- en materia de transparencia, pasó en el primer año de sarkozysmo a codearse en ese ránking con la Italia de Berlusconi.